sábado, 29 de agosto de 2009

JAIME ORTEGA, EL LIBERAL QUE MURIÓ CARLISTA

Caballería carlista (por Augusto Dalmau Ferrer).
Jaime Ortega y Olleta.




Por Sandro Olaza Pallero




El general Jaime Ortega y Olleta, caballero de la orden militar de Calatrava y condecorado con la gran cruz de Isabel la Católica, nació en Tauste (Zaragoza) en 1816. Era hijo de una familia noble, aunque empobrecida. Por inclinación y por carácter prefirió la carrera militar, donde llegó a teniente en 1838.
Su guarnición fue Zaragoza y contrajo matrimonio con la rica sobrina y única heredera del general Francisco Ballesteros y por la posición acomodada que esta unión le proporcionó se retiró de la milicia en 1839. Las relaciones que le proporcionaba su familia le condujeron a la política y fue electo diputado provincial en 1840 por el partido progresista, figurando en sus círculos con el conde de Quinto, Lasala, José Morales y otros personajes liberales zaragozanos. En 1843 se dividió el partido progresista, y Ortega se convierte en partidario de la coalición. Tomó parte en el pronunciamiento y con su natural vehemencia recorrió los partidos de Calatayud, Tarazona, Borja, Daroca y Cinco Villas.
Con paisanos de estas localidades formó una gran partida, con la cual se atrevió a presentarse frente a las murallas de Zaragoza y efectuó un simulacro de asalto con 2000 hombres de infantería y caballería. Ortega se retiró a Almunia y otras villas cercanas a Zaragoza, donde continuó sublevando el país y aguardó a servir de auxiliar al ejército que se envió contra esta última ciudad.
Entonces se presentó a la cabeza de sus tropas, ostentando las insignias de coronel, empleo que le otorgó el Ministerio de Guerra, aunque no había llegado a capitán. Con este ascenso fue premiado este joven militar que encabezó el movimiento.
Obtuvo el mando de un regimiento y poco después se los ascendió a brigadier. Fue elegido varias veces diputado a Cortes por los distritos de Calatayud y Cinco Villas, y se lo consideraba uno de los legisladores más influyentes.
Participó de la expedición a Portugal, lo que le valió la faja de mariscal de campo, grandes cruces y la llave de gentilhombre. Partidario del general Leopoldo O´Donnell, se lo desterró a Francia, donde evolucionó en sus ideas.
Contrajo una gran amistad con la infanta Luisa Carlota en Zaragoza, quien le hizo varias en su posición política. Parece que la infanta le hizo revelaciones referentes a los últimos actos de Fernando VII y a otros de Isabel II.
Estas noticias le impresionaron desfavorablemente contra el partido liberal, o al menos en perjuicio de la reina. Esto unido al desfavorable recuerdo del fusilamiento de la madre del general Ramón Cabrera, le hicieron nacer simpatías hacia la causa carlista, considerándola más pura.
Ortega favoreció muchas veces a los prisioneros carlistas, y exiliado en territorio francés, se relacionó bastante con la familia del pretendiente Don Carlos. De regreso en España, se unió al partido carlista, y juró ejecutar un “acto grande, atrevido, en el que perdiera la vida o diera mucho que hablar”.
Cuando Isabel II viajó a Asturias y Galicia, varios partidarios de Ortega reunidos en su casa pensaron realizar una sublevación para destronar a la reina en el camino. El plan no se efectuó porque los jefes de Castilla dijeron que carecían de medios para obtener un resultado favorable.
Cuando en 1857 los carlistas comenzaron a preparar un movimiento favorable a Don Carlos, Ortega fue el primero en participar y estando en París trató este tema con la emperatriz Eugenia. España declara la guerra a Marruecos, y Ortega intenta formar parte del ejército destinado a ese país, donde confiaba en ganar prestigio y autoridad.
O´Donnell no lo convocó, y esto lo disgustó bastante, pero no fue la causa de su pronunciamiento favorable a los carlistas. Hacía bastante tiempo que Ortega abrigaba aquél propósito, y esto lo demuestra su correspondencia con Carlos Luis de Borbón.
En tal sentido aceptó la capitanía general de Baleares, a pesar de oponerse O´Donnell a concederle la de Valladolid y Pamplona, plaza en la que se pensó iniciar el alzamiento carlista, combinándolo con el de Huesca. Así por real decreto del 13 de mayo de 1859, fue nombrado capitán general de las islas Baleares. Ortega contaba con la colaboración del joven abogado Pablo Morales, quien le prestó grandes servicios.
Según Antonio Pirala: “Era el general hombre resuelto, de acción, de un valor temerario y de una audacia sin límites, pero no pensador; en él todo era corazón; necesitaba una cabeza, y ésta la halló en Morales”. Viendo la resolución de Ortega, Morales se atrevió a decirle que aunque colocara en el trono al pretendiente, igual quedaría mal parado y siempre sería el Maroto de Isabel II, por lo que le parecía poco conveniente que se aprovechara de la posición que tenía con la reina.
A lo que respondió Ortega: “Yo se todos los manejos que se hicieron en los últimos momentos de la vida de Fernando VII y por boca de la infanta doña Carlota, y el que a hierro mata a hierro muere: hago una justa reparación. En cuanto a mi situación personal, como no pienso lucrarme en nada con este movimiento, sino que me propongo al día siguiente romper mi espada y tirar mi faja, quedándome Jaime Ortega a secas, yo no tengo que dar cuenta más que a mi conciencia convencido de que habré hecho una rehabilitación y un grande acto de patriotismo; con esta señora no se puede seguir; esto lo dicen los más moderados; ni tampoco con ninguna monarquía de este género, pues no son más que un expediente”.Morales le replicó: “Pero general, usted ha figurado en el partido liberal”. A lo que contestó Ortega: “Yo procuraré obtener del conde de Montemolín que no haga un gobierno absoluto y que el país intervenga en la gestión de los negocios”.El general Ortega, con el apoyo expreso del cardenal y arzobispo de Toledo, Cirilo Alameda y Brea, el pretendiente Carlos Luis de Borbón y su hermano Fernando de Borbón, así como algunos militares y funcionarios, embarcó tres mil hombres de las guarniciones ubicadas en Baleares con destino a las cercanías del Delta del Ebro con la intención de provocar la rebelión de varios cuarteles en Cataluña y forzar la abdicación de Isabel II. La pequeña escuadra estaba compuesta por cinco vapores y dos buques de vela y había zarpado para San Carlos de la Rápita el 1º de abril de 1860.
Previamente, el general había sido aleccionado por elementos carlistas de que la reina abdicaría en el momento en que varias unidades se unieran a la sublevación. Don Carlos le concedió el título nobiliario de conde de Ortega. La proclama del pretendiente decía: "A nadie considero como enemigo mío, a nadie rechazo, a todos llamo y todos los españoles honrados y de buena fe caben bajo la bandera de vuestro rey legítimo".
Ramón Cabrera había desaconsejado a Carlos VI su participación por considerar que no tenía ninguna posibilidad de éxito y porque era una acción no dirigida por el carlismo. Sin informar a la tropa y con el conocimiento de muy pocos oficiales, la expedición llegó a las cercanías de San Carlos de la Rápita el 2 de abril, no sin antes haber sufrido un intento de amotinamiento por parte de los soldados que sospechaban de las intenciones del general Ortega.
El mismo día, tras el desembarco, se arengó a la tropa a marchar sobre la ciudad de Tortosa sin informarle sobre los motivos. El descontento creciente hizo que al amanecer del día 3, varios oficiales indicaran su negativa a continuar la expedición si no se les daban explicaciones.
El coronel Rodríguez Vera dio vivas a la reina y al gobierno, a lo que la tropa respondió de forma casi unánime. Entonces Ortega creyó necesario realizar una arenga en favor del pretendiente carlista que estaba presente y oculto.
La animadversión de los oficiales y la tropa a las pretensiones del general fueron inmediatas, lo que obligó al pretendiente carlista a huir camino de Ulldecona para evitar las iras del ejército. Sólo algunos suboficiales apoyaron a Ortega, pero la mayoría del ejército se negó a marchar sobre Tortosa, dando vítores a Isabel II.
Ortega exclamó: "¡Me han vendido!", pues conoce entonces de primera mano que su acción no ha merecido mucho interés por el gobierno y que, al contrario de lo que le habían prometido, Isabel II no había abdicado.Tras la huida, el general Ortega fue capturado cerca de Calanda.
Juzgado por un tribunal militar en consejo de guerra el 17 de abril es condenado ilegalmente a muerte por alta traición y fusilado en la mañana siguiente. Ortega cumplió con su juramento de hacer algo grande o morir en su intento, no delató a ninguno de sus cómplices en la patriada. Murió cristianamente, con hidalguía y fiel a la causa de Dios, Patria y Rey.
El pretendiente Carlos y su hermano Fernando fueron también apresados por la Guardia Civil el 21 de abril, pero fueron amnistiados después por el gobierno a cambio de que ambos firmaran su renuncia al trono de España y sus derechos dinásticos, cosa que hicieron, siendo deportados a Francia. Fracasado el movimiento, sólo algunas partidas fieles se levantaron, pero pronto fueron aniquiladas y se fusiló a muchachos en las minas de Baracaldo y en Carrión (Palencia).
Un importante testimonio de 1866 recoge este episodio titulado Memorias de un zaragozano, copian un fragmento de otro texto más amplio hasta ahora no identificado. El relato arranca de las notas redactadas por Francisco Cavero, hijo de los condes de Sobradiel, ayudante de campo del general Ortega en el momento de la sublevación.
Esta es la parte más interesante de la fuente documental por provenir de un testigo directo de los acontecimientos. Continúa la narración puramente histórica de lo sucedido durante el alzamiento militar, que el autor compone a partir de los relatos periodísticos de la época: “Cabrera, que había faltado a su palabra al no venir con nosotros, coronó su obra diciendo en público que el movimiento no era carlista y que por eso no lo había secundado. El final de nuestro viaje fue que cuando vieron los que con nosotros se hallaban que nadie respondía al llamamiento hecho y que en la península no esperaba ninguna fuerza de paisanos dispuesta a tomar las armas que traíamos a bordo, comenzaron a desmayar y algunos de los que habían tomado parte principal en el complot conspiraron contra Ortega. Procuramos hacer saber al país la llegada del rey, pero hubo poco tiempo para todo. Antes que nuestros planes tomasen cuerpo, el teniente coronel del Provincial de Tarragona nº 51: Sr. Rodríguez Vera, inició el contra movimiento en un instante en que el general Ortega se hallaba con todos nosotros separado del núcleo de las tropas. El fusilamiento del general Ortega fue el desgraciado final de aquellos acontecimientos. Probar que este hecho fue una especie de asesinato jurídico, es muy fácil. Su causa fue fallada y concluida sin evacuar una sola cita. El viaje a la península y todos los actos del general realizados después del desembarco, estaban justificados con órdenes del ministro de la guerra y capitanes generales de provincias, pero nadie se tomó el trabajo de ver si estas órdenes, que difícilmente podían diferenciarse de las verdaderas, eran o no exactas. Ortega recusó al fiscal por haber tenido con él cuestiones personales y tampoco se tuvo en cuenta dicha recusación. Descanse en paz el mártir de la honradez que por no querer hablar de sus cómplices fue más pronto que todos ellos a gozar del premio que Dios reserva a los justos. Ahora que he escrito estos apuntes, comprenderás lo difícil que era para mí el darlos; todavía recuerdo muchos detalles que harían más novelesca la historia pero no digo más por hoy. A tu insistencia se debe que yo haya consignado por escrito todo esto. Puedo asegurarte que son los primeros apuntes que he hecho de lo ocurrido en aquella memorable jornada. La circunstancia de ser Ortega aragonés, hijo de la villa de Tauste y descendiente de una linajuda familia de gran arraigo en el país, contribuyó a que el levantamiento hiciera mucho ruido en toda nuestra región. No cuenta Cavero detalladamente cómo se frustró el alzamiento y es necesario que lo digamos nosotros. Desembarcadas las tropas en San Carlos de la Rápita, tomaron al amanecer del día siguiente el camino de Ulldecona, descansando, después de una larga jornada, en el punto conocido por Coll de Creu. Al darse de nuevo el toque de marcha, los jefes y oficiales puestos ya de acuerdo para no seguir a Ortega, se negaron a obedecer resueltamente y entonces el coronel Rodríguez Vera gritó: “¡Soldados, viva la reina! ¡Viva el gobierno constituido!” Las tropas contestaron con vivas unánimes y entusiastas. Ortega al ver tan inesperado accidente, montó a caballo, picó espuelas y se lanzó a escape seguido de sus ayudantes Francisco Cavero, Antonio Moreno y Tomás Ortega, primo hermano del general y magistrado de la Audiencia de Mallorca. También les siguió el ordenanza Zacarías Aznar. Tomaron la dirección de Figuenels y Mas de Barberán y por el puesto de Beceite llegaron a Caltelserás, donde pidieron refugio en una casa, pero con tan mala fortuna que, siendo el dueño de ella uno de los pocos liberales de aquel pueblo, debió delatar a las autoridades la presencia de los fugitivos. El resultado fue la prisión de éstos por fuerzas de la Guardia Civil cuando se hallaban descansando junto a las tapias del cementerio de Calanda, mandadas por el comandante del puesto de dicho pueblo, D. José Muñoz y Conejo y el cabo Tabajas. Ortega y sus amigos cayeron en poder de los guardias cuando huían camino de Alcorisa a ocultarse, sin duda, en la casa que poseía en aquel pueblo el Barón de la Linde, D. Enrique Muñoz, cuñado de D. Francisco Cavero. Conducidos al castillo de Alcañiz, fueron luego trasladados a Tortosa juntamente con D. Mariano Montaner, D. Ramón Edo y D. Epifanio Pérez Portillo, comprometidos también en el alzamiento y escapados desde Coll de Creu. El gobierno ordenó al entonces capitán general de Cataluña, D. Domingo Dulce que procurase el riguroso castigo de los culpables. Al enterarse la aristocrática familia de Sobradiel del riesgo que corría la
vida de su hijo, puso en juego todas sus valiosas influencias. Su respetable señora doña María Teresa Álvarez de Toledo y Palafox, madre de Paco Cavero, salió a escape para Madrid en un coche de postas, matando caballos en el viaje para llegar pronto a la Corte. Recibida por la reina doña Isabel, imploró el perdón de su hijo y el de todos los prisioneros. Para conseguir el indulto intercedieron también todos los parientes de la casa de Sobradiel, condesa de la Romana, condesa de Montijo, la emperatriz Eugenia, Medina Sidonia, marqueses de Lazán, duque de Bivona, Fernán Núñez, Xiquena y otras linajudas personalidades que vivían en íntimo trato con la reina. Cavero y sus compañeros se salvaron, pero no pudo lograrse el indulto del mariscal de campo, D. Jaime Ortega, que fue puesto en capilla en Tortosa, donde permaneció tres días sin perder ni por un momento la presencia de ánimo, suponiendo que el perdón vendría en atención a los poderosos personajes que se hallaban comprometidos. Perdida ya la esperanza, el general dijo a su confesor momentos antes de la ejecución: “Sentiría que viniera el indulto porque estoy muy
bien preparado para morir. Y murió fusilado en efecto el día 18 de Abril a las tres de la tarde. No hizo ninguna revelación, y si las hizo tuvieron carácter confidencial y secreto. Tal vez desahogase su corazón con su confesor D. Benito Sanz y Foret, canónigo de la catedral de Tortosa, que muy pronto fue consagrado Obispo, pero éste se las llevó al sepulcro cuando murió hace siete años ocupando el arzobispado de Sevilla. D. Jaime Ortega era un militar de brillante historia, de reconocido valor personal y de gallarda figura. En la fecha de su fusilamiento, contaba 42 años de edad y hallábase casado con doña Francisca Ballesteros. De este matrimonio habían nacido dos hijos: D. Leopoldo, ayudante de su padre, que no pudo acompañarle en la expedición a S. Carlos de la Rápita por encontrarse en cama, a causa de una dislocación en un pie, y doña Julia, casada con el conde de S. Simón. Aún vive hoy en su casa solariega de Tauste y pasa algunas temporadas en Zaragoza, la venerable señora doña Ventura Ortega, de 86 años de edad, hermana del general, que recuerda con precisa exactitud todos aquellos tristes sucesos que rodearon a la muerte de su malogrado hermano. Ella conserva como sagradas reliquias, el pañuelo de seda con que le vendaron los ojos a Ortega para fusilarle y otro de bolsillo con las iniciales J. O. que recogió del ataúd al ser trasladados los restos mortuorios desde Tortosa al panteón de Tauste hace tres años. Doña Ventura hallábase casada con D. Jacobo Olleta, rector de
esta Universidad en la época a que se refieren estas memorias. El Sr. Olleta sufrió también las consecuencias de la persecución de que fue objeto toda la familia. Poco después fue trasladado con igual cargo a la Universidad de Oviedo y más tarde repuesto en la de Zaragoza. Murió en Tauste el año de 1877. Todos los parientes se interesaron mucho por la suerte del general, a quien profesaban extraordinario cariño. En la capilla le acompañó hasta los últimos instantes D. Pedro Olleta, hermano de D. Jacobo, presidente que fue de la Diputación de esta provincia y don Ramón Brasé, digno magistrado de la Audiencia de este territorio. También personas extrañas a la familia de Ortega pusieron gran empeño en salvarlo o en consolarlo. Recuerdo que por aquella
fecha se contaba que una dama de extraordinaria belleza que simpatizaba con la Causa había hecho un viaje a Tortosa y visitado a Ortega en la capilla proponiéndole a éste la fuga mediante el teatral e inocente recurso del cambio de trajes. Como es de suponer, el general no aceptó el descabellado ofrecimiento. Ya esto demuestra los afectos que inspiraba el desgraciado general. Hoy, al contemplar el retrato que guarda su hermana doña Ventura, me explico perfectamente que causara inmenso duelo la muerte de aquel hombre de arrogante figura y noble aspecto. Vivía el general Ortega algunas temporadas en Zaragoza, alojándose en la casa señalada con el nº seis de la plaza de la Constitución, casa que aún se llama de Ortega y cuyo solar heredó de su suegro Ballesteros, hermano del general del mismo apellido, ambos descendientes de ricos hacendados del pueblo de Brea. Para terminar, la Historia, con haberse ocupado mucho del pronunciamiento de San Carlos de la Rápita, no ha conseguido poner en claro las causas de la sublevación ni los móviles ocultos que impulsaron a [ilegible] la realizaron. La única consecuencia [ilegible] mes, hicieron en Tortosa solemne renu[nunciación] [ilegible] el llamado Conde de Monte Molín, D. Carlos Luis de Borbón y de Braganza y su hermano D. Fernando, hechos prisioneros en Ulldecona, juntamente con Elío cuando seguían de lejos, metidos en dos tartanas, el movimiento
de las fuerzas de Ortega”.


Bibliografía:


El Faro Nacional. Revista de jurisprudencia, de administración, de tribunales, de notariado y de instrucción pública, Madrid, Martes 24/V/1859.
GALÉ CASAJÚS, Enrique, “Un texto desconocido sobre la muerte del general Ortega”, en Boletín informativo Grupo de Historia de Tauste n° 3, Tauste, Agosto del 2002.
INSTITUTO SALAZAR Y CASTRO, Suplemento al elenco de grandezas y títulos nobiliarios españoles. Apéndice II: Títulos vacantes y títulos extranjeros cuyo uso fue autorizado en España, Ediciones de la revista Hidalguía, Madrid, 1991.
PIRALA, Antonio, Historia Contemporánea. Anales desde 1843 hasta la conclusión de la última guerra civil, Imprenta de Manuel Tello, Madrid, 1876, II.




Isabel II (por Federico Madrazo).

martes, 25 de agosto de 2009

LA EXPEDICIÓN ESPAÑOLA A MÉXICO (1829)

Ataque de las fuerzas mexicanas sobre la Barra de Tampico, ocupada por los españoles. Al centro el general Antonio López de Santa Anna.


Antonio López de Santa Anna.


Por Sandro Olaza Pallero






México pasaba por una guerra civil, después de la caída de Agustín I. El propio Agustín de Iturbide cuando retornó de su exilio había dicho que volvía a su patria para defenderla de un ataque español que se venía preparando. El Congreso mexicano no le creyó y lo mandó fusilar en 1824.
Sólo un hombre había en el gobierno de México con capacidad para oponerse a la política expansionista norteamericana: Lucas Alamán, con una visión hispanoamericanista. A su caída del ministerio, la política exterior mexicana quedó subordinada a los Estados Unidos.
Tan notoria era la intervención del cónsul estadounidense Joel Poinsett en los asuntos nacionales que en diciembre de 1827 hubo un pronunciamiento en Otumba, encabezado por el general Juan Maule Montaño, y exigía la expulsión de este diplomático y la disolución de las sociedades secretas: “Es necesario curar el mal en su origen, arrancando de raíz las sociedades secretas que lo causan”. Este movimiento patriótico fue secundado por Nicolás Bravo.
La política interior dominada por Poinsett impulsó la creación de logias que ya no respondían a la influencia inglesa y francesa, sino directamente a Estados Unidos. Tal fue el objeto del rito yorkino cuya matriz estuvo siempre en Nueva York.


Fernando VII.




La elección de Vicente Guerrero como presidente de México significó el triunfo de los “americanos”. El plan de Poinsett fue implementado por el gobierno mexicano. Con pretexto de que corría peligro la independencia, se expulsó a muchos españoles prominentes el 20 de diciembre de 1827, y esto duraría hasta que España reconociera la libertad mexicana. Había entonces aproximadamente 33000 españoles radicados en México y a todos se los expulsaba sin tener en cuenta que la mayoría eran padres de criollos mexicanos.
El número de expulsados fue de doce a quince mil, incluso muchos criollos o mestizos mexicanos siguieron forzosamente a sus padres al exilio.También se desterraron las 32 misiones franciscanas de la Alta y Baja California, con el natural resultado de que sus bienes fueron confiscados y su acción evangelizadora con los aborígenes fue eliminada.
José Vasconcelos afirmó: “La guerra a lo español sería propósito secreto del partido extranjerista…Nos habíamos separado de la idea imperial española, el más noble tipo de cruzada humana universal y generosa que jamás haya existido, y nos veíamos englobados en el imperialismo comercial de los anglosajones, cuyo triste epílogo contemplamos hoy en el capitalismo decadente de la actualidad”.El gobierno mexicano estaba en la más completa miseria. No tenía almacenes militares, ni víveres, ni provisiones y el ejército estaba casi en la ruina.
Los españoles residentes en México y los criollos borbonistas habían bombardeado por años las oficinas del gabinete hispano presentando la situación del nuevo país como caótica y favorable a su reincorporación a la metrópoli europea. Fernando VII vio en esto, una gran oportunidad para emprender la reconquista de México, desde Cuba, planeando el envío de tres ejércitos, que en total constituirían 16.000 hombres. El 27 de julio de 1829, una flota compuesta por 21 navíos de la real armada española a cargo del almirante Ángel Laborde, desembarcó en Cabo Rojo (Veracruz) el primer contingente, llamado “Ejército de Vanguardia”.Este ejército, el primero que se enviaba en este intento de reconquista, estaba formado por 3.100 soldados veteranos con el armamento más moderno de la época y eran comandados por el brigadier Isidro Barradas. Además integraban la expedición el franciscano fray Diego Miguel Bringas y ocho misioneros que habían estado en Querétaro y Orizaba.
El mar fue enemigo de las flotas de España. Así como destruyó la “Invencible” quiso destruir “La Vanguardia de la Reconquista”.Un temporal dispersó los barcos en la costa de Campeche. Una fragata, con quinientos soldados, se extravía y va a dar a Nueva Orleáns.
Barradas se puso de tan mal humor, que durante una comida arrojó platos a la cabeza del almirante Laborde. Desembarcaron en Cabo Rojo como se dijo anteriormente y la infantería tuvo que caminar quinientos metros con el agua a la cintura.
Perdió morriones, armas, paquetes de víveres, cartucheras, cantimploras llenas de vino. Barradas lloró, sentado sobre un tronco.
“Me han engañado”, dijo a su secretario, el astuto e intrigante Eugenio Avinareta. “Este es un país desierto”.
Barradas era fanfarrón y crédulo. Tomó al pie de la letra los informes enviados de México, en el sentido de que el país entero estaba suspirando por la dominación española.
En La Habana, dijo a su secretario: “En el momento en que pise las playas, con la infantería que voy a llevar y con la bandera de España en la mano, marcharé sin obstáculos hasta la capital del reino”. En otra ocasión agregó: “Los españoles residentes de La Habana me han asegurado que cuando desembarque, la mayoría de las tropas y el pueblo, movidos por el clero, se pasarán a las banderas del rey”.No valía la pena, pues, de llevar cañones en la expedición: “bastará con los que se tomen al enemigo”, y con la distribución de dos mil proclamas del capitán general. La reconquista se realizaría con un paseo.
Barradas se internó en el país. Pequeñas fuerzas de Veracruz y Tamaulipas intentaron detener su camino sobre Tampico, en “La Aguada”, "Los Corchos" y en el fortín veracruzano de "La Barra”, luchando y replegándose.
En una lancha que llevaba bandera de parlamento, Barradas se presentó frente a Tampico. Subió a verlo el comandante de las fuerzas mexicanas, general Felipe de la Garza, a quien dijo el brigadier español: “Vengo de parte del rey de España y con la vanguardia del ejército real a tranquilizar al país, que vive en la mayor anarquía”.Ofreció un indulto y ascensos a los jefes y oficiales que se le unieran. Barradas presenta a de la Garza una caja de condecoraciones de las grandes cruces de Carlos III y de Isabel la Católica, diciéndole que iban a servir para adornar su pecho, e iba a entregarle la caja y un mazo de proclamas, cuando el general mexicano dio un paso atrás y respondió en alta voz: “Vive usted muy equivocado si ha creído quebrantar mi fidelidad y el juramento que he prestado a la república, después de haberme batido contra las armas españolas en la guerra de la independencia. No tengo más que hablar con el jefe de las tropas que han invadido a la república, y me retiro a mi campamento”.Gracias a la superioridad de sus efectivos y de armamentos, los españoles pudieron tomar las poblaciones de Tampico Alto y Pueblo Viejo, en el norte de Veracruz. Evacuada por la reducida guarnición y los pobladores, Tampico (Tamaulipas), cayó en manos españolas el 7 de agosto, pero la encontraron desierta, sin alimentos ni agua potable, en una estrategia de “tierra arrasada”, ya que los habitantes de la zona, patrióticamente, no colaboraron con los invasores.
El 2 de agosto el presidente Guerrero fue notificado del desembarco de las tropas españolas. Consciente de la gravedad de la situación, lanzó una proclama a todos los mexicanos llamándolos a unirse en defensa de la patria y dispuso la integración del “Ejército de Operaciones Mexicano”, al mando del brigadier Antonio López de Santa Anna, gobernador de Veracruz.
El 16 de agosto, debido a la falta de alimentos, los españoles avanzaron sobre Villerías, (en la actualidad Altamira), Tamaulipas, realizándose una heroica defensa del camino por las fuerzas mexicanas al mando de los brigadieres De la Garza y Manuel de Mier y Terán, los que volvieron a seguir la estrategia de combatir y retirarse, ocupando los españoles Villerías, pero encontrándose nuevamente con las manos vacías. En la madrugada del 21 de agosto, mientras el grueso del ejército realista se encontraba en Altamira, los mexicanos, con las pocas tropas que habían llegado de Veracruz y los soldados y milicianos de la zona, en medio de la noche y en silencio, cruzaron el caudaloso río Pánuco, de 400 metros, en pequeñas lanchas y piraguas.
En lo que hoy es la Plaza de La Libertad y las calles del centro histórico, se llevó a cabo la batalla de Tampico. Este combate duró más de 12 horas seguidas donde el ejército mexicano "abatió el orgullo español", quienes por lo aguerrido de la batalla, tuvieron que solicitar un “alto al fuego” para capitular y se estaba dando trámite a dichos acuerdos, cuando retornó el ejército realista a Tampico.
Después de un duelo de astucia entre los generales Santa Anna y Barradas, pactaron que sus ejércitos regresaran a sus respectivas líneas, lo que permitió la liberación de Altamira. Los mexicanos salieron de Tampico con honores, banderas desplegadas y a tambor batiente y volvieron a cruzar el río Pánuco, en medio de una fuerza española superior.
Desde ese día, la plaza donde se encontraba el cuartel general de los españoles en Tampico, fue bombardeada por la artillería mexicana desde el paso de El Humo en Veracruz, al otro lado del río Pánuco. Mientras se esperaban refuerzos del centro de la república, se dieron acciones heroicas por parte de los soldados mexicanos, como lo fue la captura de la balandra Española, en el río Pánuco, ya que en medio de la noche y la lluvia, la abordaron frente al fortín de La Barra (Tamaulipas) que los atacaba con sus cañones, remolcándola río arriba, hasta el reducto de Las Piedras.
En una estrategia de tenaza, el ejército mexicano construyó fortificaciones y reductos sobre la rivera veracruzana del río Pánuco que cercaron e inmovilizaron al invasor, el cual empezó a sufrir por la falta de alimentos, agua y por la fiebre amarilla. El día 9 de septiembre, cayó un fuerte ciclón, que provocó una inundación en toda la zona, destruyendo el campamento mexicano, obligándolos a entrar en acción o esperar el tiempo de secas, lo que hubiese permitido la llegada de los otros dos contingentes del ejercito hispano, que ya se esperaban desde Cuba.
Ante la adversidad del clima, los mexicanos al mando de los generales Santa Anna y Manuel de Mier y Terán, así como de los coroneles Lemus, Andreis, Acosta y De Paula Tamariz, se decidieron a dar la batalla final, en medio del lodo y la inundación, en la noche del 10 al 11 de septiembre, iniciándose la toma del fortín español de La Barra. Los soldados realistas protegidos por las empalizadas y sus cañones, se defendieron con tenacidad y desesperación.
La encarnizada lucha se desarrolló a la bayoneta. En estas acciones se distinguió el capitán de granaderos Juan Andonaegui, al que se le ha honrado desde entonces con el nombre de un cerro característico entre Tampico y Ciudad Madero.
Este sangriento enfrentamiento, heroico para ambas partes, obligó al ejército español a rendirse ante las tropas mexicanas que se desempeñaron con valor y audacia pocas veces vista en la historia militar mexicana. La Capitulación de los españoles fue redactada y firmada por el Ejército de Operaciones Mexicano en Pueblo Viejo, Veracruz y ratificada por Barradas en la Casa Fuerte de Castilla, en la plaza de la Libertad de Tampico el 11 de septiembre de 1829.
El ejército español entregó armas y banderas el día 12 de septiembre de 1829. Los prisioneros realistas serían posteriormente remitidos a La Habana, en tanto que Barradas se embarcó con rumbo a Nueva Orleáns.
La victoria fue celebrada jubilosamente en todo el país, especialmente en la capital de la república, donde llegaron las banderas rendidas por los españoles, realizándose grandes desfiles frente al palacio nacional. Posteriormente éstas fueron entregadas como trofeos ante Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe, patrona de todos los mexicanos, siendo el momento más significativo de la presidencia de Vicente Guerrero.




Proclama de Barradas al desembarcar en territorio mexicano


“Después de ocho años de ausencia, volvéis por fin a ver a vuestros compañeros, a cuyo lado peleasteis con tanto valor para sostener los legítimos derechos de vuestro augusto y antiguo soberano el Sr. D. Fernando VII. S. M. Sabe que vosotros no tenéis la culpa de cuanto ha pasado en ese reino, y se acuerda que le fuisteis fieles y constantes. La traición os vendió a vosotros y a vuestros compañeros.
El rey nuestro señor manda que se olvide todo cuanto ha pasado, y que no se persiga a nadie. Vuestros compañeros de armas vienen animados de tan nobles deseos y resueltos a no disparar un tiro siempre que no les obligue la necesidad.
Cuando servíais al rey nuestro señor, estabais bien uniformados, bien pagados y mejor alimentados; ese que llaman vuestro gobierno os tiene desnudo, sin rancho ni paga. Antes servíais bajo el imperio del orden para sostener vuestros hogares, la tranquilidad y la religión; ahora sois el juguete de unos cuantos jefes de partido, que mueven las pasiones y amotinan a los pueblos para ensalzar a un general, derribar un presidente y sostener los asquerosos templos de los francmasones yorkinos y escoceses.
Las cajas de vuestro llamado gobierno están vacías y saqueadas por cuatro ambiciosos, enriquecidos con los empréstitos que han hecho con los extranjeros, para comprar buques podridos y otros efectos inútiles. Servir bajo el imperio de esa anarquía, es servir contra vuestro país y contra la religión santa de Jesucristo. Estáis sosteniendo, sin saberlo, las herejías y la impiedad, para derribar poco a poco la religión católica.
Oficiales, sargentos, cabos y soldados mexicanos: abandonad el bando de la usurpación: venid a las filas y a las banderas del ejército real, al lado de vuestros antiguos compañeros de armas, que desean como buenos compañeros daros un abrazo. Seréis bien recibidos, admitidos en las filas: a los oficiales, sargentos y cabos se les conservarán los empleos que actualmente tengan, y a los soldados se les abonará todo el tiempo que tengan de servicio, y además se le gratificará con media onza de oro al que se presente con su fusil.
Cuartel general, 1829. — El comandante general de la división de vanguardia.— Isidro Barradas.”





Bibliografía:


GONZÁLEZ PEDRERO, Enrique, País de un solo hombre: el México de Santa Anna, Fondo de Cultura Económica, México, 1993.
MUÑOZ, Rafael F., Santa Anna el que todo lo ganó y todo lo perdió, Espasa-Calpe S.A., Madrid, 1936.
VASCONCELOS, José, Breve Historia de México, Ediciones Botas, México, 1950.


sábado, 22 de agosto de 2009

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS EMBARGOS Y CONFISCACIONES POR CAUSAS POLITICAS EN LA EPOCA DE ROSAS





Juan Manuel de Rosas.




Por Sandro Olaza Pallero



       Entre las penas pecuniarias contempladas en los tiempos de la dominación española figura la confiscación de bienes, utilizada también en la época patria. En 1835 el gobernador Juan Manuel de Rosas declaraba “abolida para siempre la pena de pérdida y confiscación general de bienes en todos los casos, sin excepción alguna”, pena que por contraria al sentimiento de justicia había caído en desuso, según decía el mismo decreto.
       Joaquín Escriche en su Diccionario razonado de Legislación y Jurisprudencia, define a la confiscación como: “la adjudicación que se hace al fisco de los bienes de algún reo”. Respecto al embargo, dice que es: “el secuestro, ocupación o retención de bienes hecho con mandamiento de juez competente por razón de deuda o delito”.
           Los españoles usaron el recurso para escarmiento de los culpables de sedición y rebeldía. Además de los castigos corporales, el condenado sufría la pena accesoria de la pérdida de sus bienes.
La confiscación general fue una pena excepcional, resistida por el pensamiento ilustrado y sólo aplicada a causa de delitos muy graves, como por ejemplo la traición.
          Según las Partidas el principio fundamental de la responsabilidad penal era el de la personalidad de la pena, que resultaba intransmisible, salvo el caso del delito de traición en que se aplicaba confiscación total de bienes, aunque el malhechor tuviera hijos (ley 9, título 31, partida 7).
Los embargos en la época del Restaurador se aplicaron principalmente por causas políticas y con motivo de la grave situación exterior e interna que afrontaba la Confederación y para apreciar esta cuestión se puede consultar el Archivo de Policía. En 1839 en plena guerra con Francia, el general Juan Lavalle financiado, equipado y transportado por buques extranjeros invadió el litoral entrando en complicidad con algunos estancieros disgustados con Rosas por la ley de tierras públicas de 1836 que consistió en la eliminación de la enfiteusis y la obligación de comprar el campo y otras opciones. Asimismo otra causa del descontento rural era que no podían exportar sus productos al exterior por el bloqueo francés.
          Fue en estas circunstancias que Rosas se vio en la necesidad de decretar el 16 de septiembre de 1840, que los cómplices del general amotinado responderían con sus bienes a los perjuicios que con su actitud podrían causar a los intereses de particulares y del fisco. Ciertos aspectos de este instituto que aquí se analizan permiten proponer sugerencias para pensar el vínculo entre la naturaleza del poder político rosista y el ejercicio de la justicia en al ámbito local.
         Los fundamentos del decreto expedido por el gobernador delegado Felipe Arana el 16 de septiembre de 1840, con expresa autorización de Rosas, señalan claramente el alcance del mismo y la intención que lo inspira: “la justicia exige que los estragos y depredaciones en las fortunas de los propietarios pacíficos, no menos que las erogaciones extraordinarias a que se ha visto obligado el tesoro público graviten sobre los bienes de los autores y cómplices de tamañas desgracia”. Este decreto ordenaba el embargo de: “los bienes muebles e inmuebles, derechos y acciones, de cualquier clase que sean, en la ciudad y campaña, pertenecientes a los traidores salvajes unitarios, a la reparación de los quebrantos causados en las fortunas de los fieles federales, por las hordas del desnaturalizado traidor Juan Lavalle; a las erogaciones extraordinarias a que se ha visto obligado el tesoro público, para hacer frente a la bárbara invasión de este execrable asesino, y a los premios que el gobierno ha acordado a favor del ejército de línea y milicias y demás valientes defensores de la libertad y dignidad de nuestra Confederación y de la América”.        Historiadores como Ernesto Quesada, Néstor Deppeler, Ricardo Levene, Carlos Heras y Ricardo Zorraquín Becú, entre otros, estudiaron este tema. Constituciones como las de Buenos Aires de 1833 (proyecto), Jujuy (1839) y Tucumán (1852) abolieron toda confiscación de bienes, extensiva en el caso del proyecto bonaerense a “toda pena cruel y de infamia trascendental”.
Las tesis doctorales elaboradas por los graduados en jurisprudencia de la Universidad de Buenos Aires, ofrecen un rico filón documental, sobre todo en una época en que no abundan otras expresiones más relevantes del pensamiento. Florencio Varela destacó pronto la naturaleza de las confiscaciones como atentado contra el principio de responsabilidad criminal individual: “Si, pues, toda pena que no sea necesaria, cuyo mal sea mayor que el delito, es injusta y perjudicial, ¿cómo podrá sostenerse la utilidad de las confiscaciones? ¿con qué derecho la sociedad condena a la miseria la familia inocente de un hombre criminal, confiscándole sus bienes? –pues no conseguiría sino la caída en la criminalidad de los inocentes-".
          Esta postura de la injusticia de la pena de confiscación de bienes porque afectaba al inocente, era muy reiterada. Laureano Costa en su Disertación sobre que la Confiscación general de bienes establecida en varias leyes Españolas es injusta, presentada y sostenida en la Universidad de Buenos Aires, alegaba que la confiscación podía resultar una pena ineficaz, a falta de de objeto sobre el que recaer, que tendía a aumentar en vez de prevenir los crímenes, que era contraria al “sentimiento de antipatía” que toda pena debía producir, que transfería a manos muertas capitales productivos y que se aplicaba por lo regular una vez desaparecido el peligro.
          La práctica de las confiscaciones no fue sólo de Rosas, sino que también los gobiernos de provincia que respondían a su orientación política imitaron el decreto porteño, algunos casi en los mismos términos. La única variante estriba en que a veces fueron las respectivas legislaturas quienes sancionaron la medida, unas la implementaron antes que Rosas, así la Junta de Representantes de Salta dictó el 23 de febrero de 1839 una ley declarando violación del derecho de propiedad toda confiscación realizada desde el 22 de septiembre de 1836 en que se dictó la ley que las prohibía; en Córdoba la ley de confiscaciones es del 11 de marzo de 1841.
         Dalmacio Vélez Sársfield, de ideas unitarias, también sufrió el embargo de sus bienes. Se refugió en su estancia de Arrecifes, su casa fue embargada, y en febrero de 1842 pasó ocultamente al Uruguay.
También le tocó al doctor Vélez Sársfield defender a unos ciudadanos cuyos bienes fueron embargados, en su trabajo Causa de los embargados por opiniones políticas (1847) señalaba: “El Gobierno por decreto de Septiembre de 1840 embargó todos los bienes y acciones de los llamados salvajes unitarios. Durante el embargo, el gobierno recibió las rentas de las fincas y disponía de las haciendas embargadas para las necesidades del Estado. Pasados algunos años se desembargaron muchas propiedades de individuos que a la fecha del embargo tenían créditos en plaza. Los acreedores se presentaron cobrando el capital y los intereses, y nació la cuestión: si las personas cuyos bienes habían sido embargados en 1840 debían o no intereses de sus deudas por el tiempo corrido durante el embargo. Yo defendí a los embargados. Después de consignar el capital debido, hice el escrito siguiente sobre los intereses. Las circunstancias exigían las mayor medida y prudencia en la materia”.
        Resulta de lo expuesto que, los unitarios no podían disponer de ninguno de sus bienes, que quedaban al arbitrio del gobierno; y muchos eran los que, en una u otra forma, los tenían comprometidos con el gobierno al ser clientes o deudores de la Casa de Moneda. Es de comprender la honda repercusión que esta medida oficial lleva a la Junta de Administración de la Casa de Moneda, la que, si bien no es notificada –toma conocimiento del decreto por la publicación de “La Gaceta Mercantil” del 23 de septiembre-, de inmediato la considera en aquellas disposiciones que la comprenden.
      La posición del gobierno rosista respecto a las deudas de los embargados con la entidad financiera mencionada es dejada al arbitrio de la Junta, como en el caso de los embargos contra Hilario Almeira, Silverio Ponce de León, Francisco Rodríguez de Socas y Felipe Santiago Miguens, que dieron lugar a voluminosos expedientes en un largo proceso que terminó en marzo de 1852.
    Destaca Marco A. Risolía que instrucciones complementarias sobre la aplicación del decreto se impartieron el 21 de octubre de 1840. Según este autor algunas fincas –sobre todo las abandonadas con apuro-, así como muebles y efectos de distinta índole fueron llevados a remate; numerosísimas cabezas de ganado fueron arreadas y sacrificadas para responder a las necesidades del ejército; pero, en general, estancias, casas de habitación, terrenos y sitios útiles se reservaron para premiar a “fieles y honrados federales”, que asumían la calidad de ocupantes a título gratuito o locatarios a precio vil y generalmente morosos.
      En San Isidro algunas propiedades fueron destinadas a la siembra de hortalizas para el consumo de la tropa, como en el caso de la chacra “de Perdriel”. En comunicación firmada por el edecán de Rosas, Antonino Reyes al juez de paz de San Isidro, ordenaba: “El infrascripto ha recibido orden del excelentísimo señor gobernador y capitán general de la provincia brigadier don. Juan Manuel de Rosas, para decir a usted que necesitándose un terreno inmediato a este cuartel general, con destino a sembrar maíz y zapallo para el consumo de la tropa, entregue usted al mayor edecán don Antonino Reyes para este objeto la chacra embargada conocida por de Perdriel”.       Rosas tuvo bien organizados los juzgados de paz de campaña, en relación a los servicios que prestaban a la causa federal y como auxiliares de la administración pública. Al respecto Benito Díaz ha estudiado el desempeño de estos funcionarios y su papel en los embargos.
Otro caso notable fue el embargo de la chacra de Victoria de Pueyrredón, sobrina del prócer y estadista, Juan Martín de Pueyrredón. En la época de Rosas su familia sufrió persecución, y su esposo fue encarcelado en la “Crujía”, antiguo convento de los mercedarios transformado en prisión en el cuartel de Santos Lugares.
      Avisada por su pariente Juan José Hernández de que su vida peligraba, huyó con su familia a Brasil. Dura fue la vida de todos ellos en el exilio, debiendo coser ropa para la tienda que poseían otros emigrados, entre ellos los del Carril, quienes generosamente le dieron trabajo.
A la caída de Rosas, Victoria y su familia retornaron a Buenos Aires. Merced a la previsión de haberse llevado los títulos de propiedad, pudo recuperar su chacra, y reconstruir la casa. Así en 1852, el alcalde del cuartel nº 6, Manuel Pico dirigía un oficio al juez de paz Victorino José de Escalada: “Da cuenta el que firma haber entregado a doña. Victoria Pueyrredón por cuenta de su encargado el vecino don. Agustín Ruiz la chacra es decir el todo del terreno, casa = un rancho – novecientos diez y nueve ovejas chicas y grandes = una (ilegible)= dos bueyes marca numero 3 = diez chivos = seis arados = dos asadas una puerta = una olla = seis fuentes de durazno = y cuatrocientos once palos de corral viejos. Los que se ha hecho cargo don Agustín Ruiz cuidar dichos vienes por conmoción así de doña Victoria; y lo comunico al juzgado para la mejor inteligencia”.
       Un pariente de Victoria, Bernabé Sáenz Valiente, también sufrió embargo de su propiedad. Fue opositor a Rosas, y a consecuencia de la revolución de 1839, debió emigrar a Uruguay.
Después de Caseros fue designado jefe interino de la Policía de Buenos Aires. Mariano Ezpeleta en carta a Victorino Escalada, fechada en San Isidro el 20 de marzo de 1854, le informaba sobre el embargo a Sáenz Valiente en la época del Restaurador: “La Casa Chacra de don Bernabé Sáenz Valiente fue saqueada por fuerza del campamento en Santos Lugares presenciada esta con muchos vecinos de este partido, hasta llegar el caso de romper todo el empapelado de la casa y los cielo-rasos de los techos: esto sucedió en el saqueo general el año 40. Esta chacra fue embargada por orden superior de aquella época y se llevaron como cuatrocientos pesos leña de (ilegible) al campamento por iguales ordenes”.Uno de los casos de confiscación que se registran en la historia argentina fue el decretado por el gobierno bonaerense el 16 de febrero de 1852, en una “época en que toda renacía y volvía a la edad de oro” como dijo Ernesto Quesada, y que aparecía firmado por Vicente López y Valentín Alsina, y declaraba de pertenencia pública todos los bienes de Rosas. Por decreto del 7 de agosto de 1852, el Director Provisorio de la Confederación Argentina, general Justo José de Urquiza cuestionaba la normativa del gobierno porteño “dictado en el sentido de una confiscación política que por el mismo decreto es considerada contraria a los principios de justicia, a las leyes sancionadas por esta provincia, y a las que han sido adoptadas por todas las Naciones civilizadas, no puede sin embargo desconocerse que en sus efectos, en nada se diferencia de una rigurosa confiscación” y afirmaba que la expropiación considerada como pena “atenta contra la moral pública, y gravita muy principalmente sobre personas inocentes”.



APÉNDICE DOCUMENTAL

I. DECRETO DE EMBARGO

“¡VIVA LA FEDERACION!
Buenos Aires, 16 de Septbre de 1840.
Año 31 de la Libd, 25 de la Indepa.
y 11 de la Confedn Argentina

Artículo 1º - Se declaran especialmente responsables los bienes muebles e inmuebles, derechos y acciones, de cualquier clase que sean en la Ciudad y Campaña pertenecientes a los Traidores Salvages Unitarios, a la reparación de los quebrantos causados en las fortunas de los fieles federales, por las hordas del desnaturalizado traidor Juan Lavalle; a las erogaciones extraordinarias a que se ha visto obligado el Tesoro público para hacer frente a la bárbara invasión de este execrable asesino, y a los premios que el Gobierno ha acordado en favor del Ejército de Línea y Milicia, y demás valientes defensores de la Libertad y dignidad de nuestra Confederación y de la América.
Art. 2º - El que dispusiese del todo o parte de sus bienes, o bien hipotecándolos, ocultándolos, u obligándolos de cualquier manea que tienda a enajenarlos con perjuicio de la responsabilidad a que son afectos por el artículo anterior, será castigado con la pena discrecional que juzgue el gobierno, y al individuo que resultase cómplice o se prestase a alguna simulación de ocultación del todo o parte de los bienes de algún Salvaje Unitario, después de incurrir en la pena de igual cantidad a la que fuese materia del contrato, incurrirá en las discrecionales que el gobierno considere deber imponérsele según el caso.
Art. 3º - Ningún escribano podrá otorgar escritura alguna de venta, hipoteca, traspaso, cambio, ni obligación alguna de cualquier especie, tendiente a enajenar, simular, ocultar, o frustrar directa o indirectamente los efectos del artículo primero. El que lo hiciere, después de sufrir la para siempre pérdida de su oficio y de otro tanto a que asciende la cantidad del fraude en que se le sorprendiere, será castigado con otras penas arbitrarias, según las circunstancias del caso; y la escritura será absolutamente nula y de ningún valor ya sea por venta, hipoteca, traspaso, convenio u obligación alguna, sea de la clase que fuere.
Art.4º - Lo ordenado en el artículo anterior a los Escribanos Públicos, deben entenderse igualmente respecto de los corredores.
Art. 5º - Los Tribunales de Justicia y Jueces de Paz de la Ciudad y Campaña, son inmediatamente responsables de cualquier contravención que autoricen en la Administración de Justicia, en oposición a lo prevenido en el artículo primero o de que no den cuenta a la autoridad
Art. 6º - Comuníquese a quienes corresponda, publíquese e insértese en el Registro Oficial.
ROSAS
Agustín Garrigós”



II. DECRETO ABOLIENDO LA PENA DE CONFISCACION

“Buenos Aires, Mayo 20 de 1835
Año 26 de la Libertad y 20 de la Independencia

Habiéndose generalizado en esta provincia hace muchos años un sentimiento de justicia y de equidad, que, induce a reprobar la pena de pérdida y confiscación general de bienes, establecidas por las leyes españolas, que hasta ahora rigen entre nosotros, en castigo de ciertos delitos, y habiendo por consecuencia caído en desuso en nuestros tribunales de justicia, pero sin que por esto se haya expedido una expresa y formal derogación de las expresadas leyes, de que resulta que a pesar de estar en esta parte bien pronunciada la opinión pública, continúan los ciudadanos expuestos a que se haga valer alguna vez la existencia de tales leyes para satisfacer odios y pretensiones innobles a pretexto de proceder con legalidad en la Administración de Justicia, el Gobierno, usando de la suma del poder público que le ha conferido la Honorable Sala de Representantes, acuerda y decreta:
Art.1 – Queda abolida para siempre la pena de pérdida y confiscación general de bienes en todos casos, sin excepción alguna, en que la imponen las leyes que rigen en esta Provincia y en su consecuencia no podrá aplicarse para castigo de ninguna clase de delito.
2 – Lo dispuesto en el artículo anterior debe entenderse contraído al solo caso de pérdida y confiscación general de bienes y de ninguna manera extenderse a otros casos diferentes, como por ejemplo, la confiscación de una alhaja o cargamento de artículos de comercio extraídos o introducidos de contrabando, pues con respecto a estas confiscaciones parciales o particulares y a los casos de multa pecuniaria, quedan vigentes las del país.
3 – Tampoco debe extenderse dicho artículo 1º a alterar lo que disponen las leyes para el caso en que un individuo deba subsanar o resarcir a otro, daños y perjuicios inferidos por su delito, deba pagarle o devolverle alguna cantidad.
4 – El presente decreto con fuerza de ley, se elevará al conocimiento de la Honorable Sala de Representantes.
5 – Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

Rosas – José María Rojas”

Bibliografía:


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CUTOLO, Vicente Osvaldo, Nuevo Diccionario Biográfico Argentino (1750-1930), Buenos Aires, 1978, V.
DEPPELER, Néstor R., Los embargos en la época de Rosas, Edición del autor, Buenos Aires, 1936.
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TAU ANZOÁTEGUI, Víctor, La codificación en la Argentina (1810-1870), Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1977.
VÉLEZ SARSFIELD, Dalmacio, Escritos jurídicos, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1971.
ZORRAQUIN BECU, Ricardo, “La formación intelectual de Vélez Sársfield”, en Revista del Instituto de Historia del Derecho “Ricardo Levene” nº 15, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1964.

Dalmacio Vélez Sársfield.
Juan Lavalle.

lunes, 17 de agosto de 2009

MANUEL ORIBE, PRÓCER DE LA INDEPENDENCIA Y CAUDILLO DEL FEDERALISMO

Los Treinta y Tres Orientales (por J. M. Blanes).


Escudo de armas de Oribe.




Por Sandro Olaza Pallero






El apellido Oribe es vasco y también aparece escrito como Orive. Su origen es de Álava y proviene del punto denominado Sopeña por encontrarse debajo de una gran peña, en el condado de Ayala, alzándose su casa solar cerca del lugar del Sojo, que hoy pertenece al Ayuntamiento de Ayala y partido judicial de Amurrio (Álava).
Según fray Pedro de Murga, el primer Oribe u Orive sería un caballero godo que desembarcó en Santoña en el siglo V: “Aviendo aquel caballero godo pedido a los naturales de aquella tierra de Sopeña, puesto y sitio donde pudiese poblar, y aviendoselo negado; y tomando el con los suyos las armas contra ellos, oprimidos y forzados vinieron a hacer de la necesidad virtud, y digeron, Oribi: que en nuestro vulgar idioma es lo mismo que: tomad dos: o escoged dos suelos, los que para poblar quisiereis. Por manera que de aver los naturales dicho al poblador de la antigua y nobilísima casa: Oribi: se llamó Orive”.
A pesar de todo sólo nos da noticias exactas desde finales del siglo XIV, en tiempos de las luchas entre Enrique de Trástamara y Pedro I el Cruel a quien siguieron en la contienda y tras su derrota se vieron muy desfavorecidos al igual que los Salazar de San Pelayo. En esos momentos era señor de la torre de Oribe, Lope Ortiz de Oribe, casado con Ospina de Mariaca, descendiente de Ortún Sanz de Salcedo, señor de Ayala, por su hijo bastardo Pedro Ospina de Mariaca.
Hija de ambos será María Ortiz de Oribe, casada con Don Diego de Salazar (hijo mayor de Juan López de Salazar de San Pelayo). Sería a raíz de esta unión por lo que se unirían los apellidos y las armas de los Salazar y los Orive así como lo señoríos burgaleses de San Pelayo y Ayega a los de Orive en el Sojo.
Manuel Oribe nació el 26 de agosto de 1792, hijo del capitán Francisco Oribe y de María Francisca Viana, hija del gobernador de Montevideo, José Joaquín de Viana. Oribe se alistó en las filas independentistas como voluntario al iniciarse la gesta emancipadora.
Su bautismo de fuego fue en la batalla de Cerrito, el 31 de diciembre de 1812, durante el sitio de Montevideo, hecho de armas que concluyó en un triunfo patriota. Participó luego al lado del general José Artigas en la resistencia de los orientales contra la invasión portuguesa de 1816.
A fines del año 1817, caído ya Montevideo en poder de los portugueses, Oribe, engañado por las promesas de ayuda de Juan Martín de Pueyrredón, abandonó la lucha y pasó a Buenos Aires junto con su hermano Ignacio y el coronel Rufino Bauzá, llevándose dos batallones: el de Libertos y uno de Artillería. Francisco Bauzá, hijo de Rufino Bauzá, en su Historia de la dominación española en el Uruguay, afirma que ante la insistencia de Artigas en nombrar a su favorito, Fructuoso Rivera, como comandante militar al sur del río Negro para hacer frente a la invasión, Bauzá y Oribe se habrían manifestado en contra.
En Buenos Aires, según se sabe por la compulsa de la papelería de la época, desde 1819, Oribe, junto a Santiago Vázquez y otros orientales residentes allí, opuestos por igual a la ocupación portuguesa como a Artigas, integró la Sociedad de los Caballeros Orientales, la cual esperó al menos hasta el Congreso Cisplatino de 1821 para emprender el retorno a la Provincia Cisplatina y comenzar sus trabajos para acabar con el dominio portugués.
Entretanto, tras la derrota definitiva de Artigas (e incluso antes de ella) otro sector de la clase dirigente oriental se había adherido a los invasores, entre ellos se encontraba Fructuoso Rivera. Este sector será el único que esté representado en el Congreso Cisplatino de 1821.
La ocupación de la Provincia Cisplatina por parte de las tropas portuguesas había traído como consecuencia adicional la división de los sectores dirigentes, que desde entonces se alinearon en dos grupos, por el momento escasamente diferenciados en composición social, y separados por la aceptación o no de aquella presencia militar: el grupo montevideano, pro portugués, llamado Club del Barón, por su proximidad al comandante Carlos Federico Lecor, Barón de la Laguna, y el grupo de exiliados porteños, donde se alineaba Oribe, y partidario de la reincorporación a las Provincias Unidas del Río de la Plata, tal como quería Artigas.
En 1821 Oribe retornó a Montevideo y el día en que se produjo el conflicto entre los portugueses, realistas fieles y los partidarios del Imperio del Brasil que venía de proclamar a Pedro I como emperador, tomó partido por los portugueses, mientras sus compañeros se movían en el sentido de involucrar a algunas de las Provincias Unidas del Río de la Plata en el sostenimiento de su causa. Oribe recibió el cargo de sargento mayor en las fuerzas del general Alvaro Da Costa, el cual continuaba dueño de Montevideo, mientras que Lecor, vuelto al lado brasilero, dominó la campaña desde su cuartel en Canelones, para lo cual contó con el apoyo de Rivera en marzo de 1820.
Da Costa, sin medios para resistir por mucho tiempo, embarcó para Lisboa con sus tropas en febrero de 1824, abandonando completamente a su suerte al grupo de los Caballeros Orientales que se había aferrado a sus armas como posibilidad para triunfar. Oribe y sus partidarios, sabedores de lo que les esperaba si caían en manos de Lecor, abandonaron Montevideo, regresando a Buenos Aires para un segundo exilio. El último día de febrero de 1824, Lecor y Rivera entraron en Montevideo y emplazaron al Cabildo a jurar fidelidad al emperador Pedro I de Brasil.
Nuevamente el grupo disperso hubo de reunirse en Buenos Aires, más exactamente en un saladero del partido porteño de Barracas, del que era administrador el oriental Pedro Trápani. Allí, y tras las fuertes medidas represivas de los brasileños contra los partidarios del movimiento de 1822 y 1823, que llegaron incluso a las confiscaciones de ganados y bienes de estancieros de Buenos Aires como Juan Manuel de Rosas, quien apoyó la gesta libertadora oriental.
Es posible que de estos hechos surja la relación entre Oribe y Rosas. La consigna por la que convocaban a los patriotas era clara; recuperar, según el ideario artiguista, la Banda Oriental para las Provincias Unidas del Río de La Plata, de ahí que los panfletos revolucionarios reclamaban a los criollos con el lema Argentinos Orientales, a fin de que se sumaran a la cruzada.
El 19 de abril de 1825 se produjo el ingreso a la Provincia Cisplatina por parte de un pequeño grupo comandado por Juan Antonio Lavalleja y Manuel Oribe, al que se conocería como los Treinta y Tres Orientales. Poco más tarde casi todo el pueblo se sumaría a las huestes libertadoras que juraron sacar de la Banda Oriental al invasor extranjero. Oribe llegará frente a Montevideo con fuerzas a su mando y pondrá sitio a la ciudad a la cual liberará desalojando a las tropas brasileñas. Fue promovido a teniente coronel el 19 de setiembre de 1825 y se encontró en la batalla de Sarandí el 12 de octubre por lo que fue ascendido a coronel tras la victoria oriental. Meses más tarde, el 9 de febrero de 1826, Oribe obtuvo una completa victoria sobre la fuerte columna brasileña en el llamado combate del Cerro. También estuvo presente el 20 de febrero de 1827 en la victoria de las armas argentino-orientales sobre los brasileños en Ituzaingó.
A pesar de estar fuertemente identificado con el grupo que rodeaba a Juan Antonio Lavalleja, el 14 de agosto de 1832, durante la primera administración de Fructuoso Rivera fue designado coronel mayor, y el 9 de octubre de 1833 fue nombrado ministro de Guerra y Marina. Ascendido a brigadier general el 24 de febrero de 1835, Rivera patrocinó la candidatura de Oribe para sucederlo en el gobierno, quien fue elegido el 1° de marzo de 1835 como segundo presidente constitucional.
La historiografía revisionista ha criticado a Rivera y su primera presidencia como ejemplos de ineficacia administrativa, contrastándola con la solvencia de Oribe desde 1835. En realidad, se trataba no sólo de dos personajes notoriamente distintos en lo personal y en los modos de mando, sino de dos situaciones distintas del país. En 1835, vencido el plazo por el cual la Convención Preliminar de Paz establecía el ingreso de fuerzas argentinas o brasileras al país en caso de hallar estos gobiernos algún peligro en la situación política del Uruguay, era momento de echar a andar el estado y poner en plena vigencia la Constitución de 1830.
Así transcurrió la primera presidencia de Oribe, en la cual desde un principio no se quiso dejar ningún asunto administrativo por no resolver. Desde la elaboración del Gran Libro de Deudas de 1835 (primer esbozo de la contabilidad del estado uruguayo), pasando por la creación de un sistema de jubilaciones y pensiones en ese mismo año, a la fundación de la Universidad de la República en 1838, su gobierno fue el primero que proyectó la autogestión de las clases dirigentes de Uruguay, sin apoyarse en ningún poder externo.
En julio de 1836 Rivera, agraviado por las resultancias a que arribó una comisión nombrada para examinar las cuentas de su período de gobierno y también destituido del cargo de comandante de la campaña, recurrió a la revolución, siendo derrotado el 19 de septiembre de ese año en Carpintería (Durazno), refugiándose poco después en Brasil, donde se vinculó a la revolución de los farrapos de la República Riograndense, a la que se habían adherido algunos de sus ex compañeros de armas del ejército portugués, como Bento Gonçalves da Silva.
Volvió a intentarlo Rivera al año siguiente reforzado con tropas riograndenses, y consiguió derrotar a Oribe el 22 de octubre de 1837, en Yucutujá (Salto). Tiempo después, Rivera es derrotado en el Yí, pero su triunfo en Palmar, el 15 de junio de 1838, le hizo recuperar el poder. Por otro lado, el bloqueo impuesto por una flota francesa a Buenos Aires, gobernada por su aliado en este conflicto, el caudillo Juan Manuel de Rosas, dejó incomunicado al presidente Oribe. Presionado desde el río y sitiado en la capital, Oribe presentó su dimisión el 24 de octubre de 1838, dejando sentada su protesta y legitimidad del cargo que le obligaban a renunciar.
Se trasladó a Buenos Aires, donde el Restaurador lo recibió como presidente legal del Uruguay, y utilizó su experiencia militar incorporándolo al ejército que comandaba, por entonces en lucha contra los unitarios. Oribe combatió a la Coalición del Norte, formada por las provincias de Tucumán, Salta, La Rioja, Catamarca y Jujuy entre 1840 y 1841.
Combatió contra el general Juan Lavalle, venciéndolo en la batalla de Quebracho Herrado el 28 de noviembre de 1840, y otra vez en la batalla de Famaillá, el 17 de setiembre de 1841. Tomó prisionero al gobernador de Tucumán, doctor Marco Avellaneda, al que hizo degollar y exhibir su cabeza en una pica en la plaza pública de Tucumán. De aquí en adelante, la oposición unitaria y sus aliados colorados del Uruguay insistieron cada vez más en la imagen del Oribe degollador y asesino, al igual que la de Rosas. La literatura de opositores políticos a éste último como las Tablas de Sangre escritas por José Rivera Indarte, crearon la imagen de la exclusividad de la violencia por los federales y los blancos.
Tras vencer al gobernador de la provincia de Santa Fe, Juan Pablo López, se trasladó a Entre Ríos. Allí, al frente de un poderoso ejército, el 6 de diciembre de 1842 derrotó en batalla de Arroyo Grande al ejército de Rivera que, en guerra contra Rosas desde marzo de 1839, había invadido territorio entrerriano.
Rivera en derrota repasó el Uruguay frente a Salto, retornando apresuradamente a Montevideo donde sólo pudo entregar el mando en el presidente del Senado, Joaquín Suárez, y salir nuevamente a campaña para recomponer su ejército deshecho.
Mientras Oribe avanzaba sobre Montevideo, los colorados organizaron el ejército de la Defensa, comandado por el general José María Paz y el uruguay Melchor Pacheco y Obes. A él se unieron grupos de las colectividades francesa, española e italiana que formaron “legiones” que numéricamente superaron en conjunto a los propios efectivos orientales con los que contaban los colorados. Entre estas legiones figuraba el italiano José Garibaldi.
El 16 de febrero de 1843 Oribe inició el sitio a Montevideo. Sería este el tercero de los sitios en que él participara, y el más largo de todos, ya que duraría ocho años y medio, hasta el 8 de octubre de 1851.
Luego organizó nuevamente su gobierno, como si nada hubiera ocurrido desde el 24 de octubre de 1838. Designó su gabinete, hubo una legislatura y se sancionaron varias normas.
Así dio comienzo el Gobierno del Cerrito, denominado de esta forma por estar instalado el cuartel general de Oribe en el Cerrito de la Victoria, donde 30 años antes hubiera iniciado su carrera de las armas y estableciendo la capital provisional de Uruguay en la ciudad de Restauración (actualmente el barrio montevideano de Villa Unión), fue en esta población que por primera vez se rindió oficialmente homenaje a José Gervasio Artigas, al serle dado el nombre del prócer federal a la principal avenida de Restauración. Dicho nombre le fue dado en vida del prócer (1849) y entre los primeros actos de la administración del triunfante Joaquín Suárez figura el de eliminar tal denominación.
El gobierno del Cerrito controló la totalidad del país hasta 1851, exceptuando Montevideo y Colonia del Sacramento. Tuvo su puerto de ultramar alternativo en la rada del Buceo, al este de Montevideo, y aplicó la Constitución de 1830 como base de su orden jurídico. Algunas figuras destacadas de aquella administración fueron Bernardo Prudencio Berro, Cándido Juanicó, Juan Francisco Giró, Atanasio Cruz Aguirre, Carlos Villademoros, etc.
Otro gran tema fue la propuesta de la reunificación de la Argentina que realizó Rosas en 1845, con la reincorporación del Uruguay a las Provincias Unidas del Río de la Plata, anulando las imposiciones de la Convención Preliminar de Paz, inspirada por Lod Ponsonby. Oribe no quiso resolver este tema y lo remitió para su tratamiento a una comisión parlamentaria que no llegó a nada.
Sea como fuere, hacia 1850 la causa federal de Oribe y Rosas parecía destinada a prevalecer. La revolución de 1848 en Francia, que había derribado a la monarquía de Luis Felipe, había dejado a la intemperie al gobierno de la Defensa –o Nueva Troya-, sostenido por aquella.
Montevideo no aceptó el ofrecimiento del presidente Luis Napoleón Bonaparte de enviar para socorrer a la plaza sitiada a los presos políticos de la represión de las Jornadas de Julio, diciendo por boca de Manuel Herrera y Obes: “¿Qué sería de nosotros si vienen los comunistas?”.
En 1850, el enviado de Luis Napoleón, Lepredour, suscribió una convención de paz con Felipe Arana, canciller de Rosas. Un año antes lo había hecho Southern, representante de Gran Bretaña. El gobierno de la Defensa, con las horas contadas, se apresuró a involucrar su última carta: el Imperio de Brasil y el gobernador entrerriano Justo José de Urquiza.
Brasil veía con rechazo el triunfo de Rosas y Oribe en el Plata, y ya desde 1848 este último hubo de rechazar varias incursiones brasileñas en la frontera norte, dedicadas al cuatrerismo hacia Río Grande do Sul. Urquiza, en cambio, buscaba una salida más directa para su hacienda para sus compradores del exterior, sin pasar por la aduana de Buenos Aires, que Rosas controlaba y cuyas rentas no socializó nunca durante sus casi 20 años de gobierno, fue tentado por Herrera y Obes quien le ofreció el puerto de Montevideo para tales efectos.
Los hechos se precipitaron después de agosto de 1851, cuando Urquiza se pronunció contra Rosas. Poco después penetraba en territorio uruguayo, marchando hacia el Cerrito para quitar de en medio a Oribe, su antiguo compañero de armas. Éste ordenó a sus comandantes que detuvieran al entrerriano, pero sus órdenes fueron extrañamente desobedecidas. En poco tiempo, Urquiza con el apoyo imperial se ubicó delante de Montevideo, conminando a Oribe a rendirse, lo que éste hizo, abandonado de todos.
En su cuartel del Pantanoso, cerca del pueblo de Las Piedras, donde se iniciara la gloria de Artigas, se conviene la honrosa capitulación de Oribe. Las bases propuestas por éste son aceptadas por Urquiza, con pocas modificaciones, y adicionadas con una cláusula especial (la 7°) para el ilustre vencido: "De conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior, el general don Manuel Oribe podrá disponer libremente de su persona”.
El 10 de octubre de 1851, termina en el Pantanoso la discusión de las bases modificadas, inmediatamente remitidas a Oribe en su cuartel del Paso del Molino. Oribe contesta afirmativamente el día 11.
La Guerra Grande ha terminado en territorio oriental. El tratado contempla la situación de los uruguayos que estuvieron con su jefe; es decir, la casi totalidad de la población.
Según José María Rosa reconoce su causa como de “la independencia nacional y la fuerza legítima de su gobierno; es decir, significa una condena para los hombres de la Defensa, pues no puede haber dos ideas de independencia ni dos gobiernos legítimos”.En Brasil se consolida la monarquía, vencidos totalmente, después de la Ley de Sangre y la aplicación de la leva, los brotes “socialista” y republicano. Se estabiliza la unión sagrada y se afianza el régimen esclavista. Brasil es, y lo será por mucho tiempo, el país rector de América del Sur: su influencia es poderosa en Montevideo (sobre todo después de la revolución colorada de César Díaz en 1853).
Por entonces, Oribe estaba en los tramos finales de su existencia. El 12 de noviembre de 1857 falleció en el Paso del Molino, casi al final de la hoy llamada calle Uruguayana. Durante su velatorio, la bandera de los Treinta y Tres Orientales, fue sostenida por quien había sido el abanderado de la expedición e incondicional partidario suyo, Juan Spikerman. Se le decretaron honores oficiales y recibió sepultura en el cementerio del Paso del Molino, siendo posteriormente trasladado a la Iglesia de San Agustín ( fundada por él en recordatorio de su esposa Agustina Contucci), en el barrio de La Unión (nombre que tras 1852 se dio a la villa de la Restauración, contigua a su campamento militar del Cerrito).
Oribe se había casado con su sobrina, Agustina Contucci, el 8 de febrero de 1829, teniendo 4 hijos de su matrimonio. Años atrás, en 1816, la actriz Trinidad Guevara había tenido con él una hija, Carolina, que fue apadrinada por Gabriel Antonio Pereira.
Manuel Oribe fue uno de los más grandes hombres públicos del Río de la Plata y de más tardía reivindicación, sobre todo por la leyenda de crueldad acuñada durante la Guerra Grande. Aún en 1919, el destacado líder colorado José Batlle y Ordóñez escribía que “ser colorado es odiar la tradición de Rosas y Oribe”, y su prensa aludía siempre al Partido Nacional como el “partido oribista”. En el centenario de su muerte (1957) los miembros colorados del Consejo Nacional de Gobierno se negaron a ponerse de pie para homenajearlo. También desde filas propias hubo actitudes comparables: el diario conservador del Partido Nacional, El Plata pasó por alto la conmemoración de aquel aniversario, sin mencionarlo siquiera. Se justificaba porque su fundador era de origen colorado y firmemente reaccionario, Juan Andrés Ramírez. El gran reivindicador de la figura del héroe oriental fue Luis Alberto de Herrera, quien a través de sus trabajos históricos, de solidez incomparable, dejó sentada la figura de Oribe en sitial de honor.




Bibliografía:


BAUZÁ, Francisco, Historia de la dominación española en el Uruguay, Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social, Montevideo, 1965.
MURGA, Pedro de, Árbol y genealógica descendencia de las Casas de Ayala y Murga, Junta de Cultura de la Diputación de Vizcaya, Bilbao, 1922.
ORIBE, Aquiles, Brigadier General D. Manuel Oribe: Estudio científico acerca de su personalidad, Barreiro y Ramos impresores, Montevideo, 1912, 2 volúmenes.
ROSA, José María, La Caída de Rosas, Plus Ultra, Buenos Aires, 1968.




Manuel Oribe.

sábado, 15 de agosto de 2009

MAXIMILIANO Y EL OCASO DEL IMPERIO MEXICANO

Fusilamiento de Maximiliano, Miramón y Mejía (por C. Monet).


Benito Juárez.




Por Sandro Olaza Pallero



Pierre Chaunu ha indicado que la turbulenta historia de México es el grave desequilibrio de una sociedad más aristocrática que otras de Iberoamérica, donde el elemento indígena “menos pasivo que el de los Andes, trata de ocupar el lugar a que tiene derecho por su número; situación agravada por la presencia de Estados Unidos y por la atracción que sus riquezas minerales ejercen sobre los imperialistas europeos y estadounidenses”. Como en otras repúblicas, a la independencia siguió un período violento e inseguro que duró hasta el advenimiento al poder de Porfirio Díaz (1877).
Dos fuertes personalidades dominaron este período: Antonio López de Santa Anna, -héroe de la independencia y defensor de su país contra los ataques de Estados Unidos y Francia- y Benito Juárez, masón, adversario de Maximiliano de Habsburgo y protegido de Estados Unidos.
Los grupos liberales quedaron reducidos a la guerrilla y ya nadie se acordaba de Benito Juárez en 1864. De suerte que Maximiliano, al desembarcar, pudo creer en la sinceridad de los pliegos que se le entregaron en testimonio del resultado casi unánime del plebiscito que lo ratificaba emperador de México.
El 12 de junio de 1864 entró Maximiliano a la capital en medio de los grandes festejos de un público acostumbrado a aplaudir el éxito sin importarle sus máscaras. El mismo emperador comprendía que no iba a fundar una dinastía –que había gobernado Hispanoamérica hasta 1700 -, sino a servir de puente para la creación de de un gobierno nacional, “independiente del anglosajonismo -según José Vasconcelos-, gobierno que hubiera revertido a la República al desaparecer Maximiliano”.En 1865 el imperio mexicano estaba consolidado, pero en ese mismo año concluía la guerra de secesión norteamericana, con el triunfo de los unionistas. Los ganadores resucitaron la doctrina de James Monroe, acompañada de la amenaza del general Ulises Grant de invadir a México en defensa de las instituciones republicanas.
Al mismo tiempo, Juárez, que había sido expulsado hasta el norte del país, empezó a recibir auxilios de armas, dinero y soldados. En toda la frontera el contrabando de armamentos y la actividad de los agentes estadounidenses hicieron surgir ejércitos liberales.
Napoleón III, alarmado por la amenaza prusiana, no fue capaz de declarar la guerra a Estados Unidos y tuvo que ceder a la presión diplomática. Ordenó el retiro de las fuerzas francesas y sugirió a Maximiliano que abdicara.
Señala Vasconcelos que “consumó entonces Maximiliano la acción más abnegada de su vida. Consideró quizás que no era caballeresco abandonar a sus partidarios mexicanos, y decidió quedarse en el país, sin otro amparo que el de los imperialistas nativos”.Los generales conservadores Miguel Miramón, Leonardo Márquez y Tomás Mejía, rodearon al emperador y se enfrentaron al enemigo. Pronto Maximiliano y su plana mayor quedaron cercados en Querétaro.
En las batallas que determinaron la rendición del Imperio Mexicano, la artillería estadounidense, desempeñó un papel decisivo. Las fuerzas imperiales se quedaron sin la ayuda francesa, pero los liberales contaban con muchos recursos del país del Norte.
El 15 de mayo de 1867 se rindieron Maximiliano, Miramón y Mejía. Miramón como cadete había sido uno de los héroes de Chapultepec contra la invasión norteamericana, caudillo conservador y posteriormente presidente.
Vasconcelos destaca el patriotismo y fidelidad del general Mejía: “Mejía, otro indio como Juárez, pero indio católico, indio representativo de la obra constructora de la Colonia, indio mexicano que no quería ver a su patria dominada por conquistadores nuevos de lengua distinta y de civilización diferente a la ya adoptada por la masa indígena, dio el ejemplo de la abnegación y la lealtad en el infortunio”. El valiente Mejía cuando conoció a Maximiliano le dijo: “No sé hablar ni mucho menos decir lo que otros quieren que diga. Soy un soldado rudo que está dispuesto a derramar su sangre por usted; y le juro que sabré morir a su lado si la suerte nos enviara juntos al patíbulo”.
Siguió un juicio que fue una farsa jurídica y los prisioneros fueron condenados a muerte, “con menosprecio de la opinión más generosa del país y de la Europa liberal, que aconsejaba el indulto”, afirma Vasconcelos. Señaló que este fusilamiento fue una de las manchas de la historia mexicana: “Ya sé que recientemente en Austria, la patria del infortunado caballero Maximiliano, se estrenó con éxito de prensa, un dramón en que se justifica la resolución de Juárez de y se denigra a Maximiliano. El autor de este drama es un judío de la misma casta de los que incitaron a Juárez a derramar sangre cristiana. Los enemigos de todos los valores de nuestra civilización eran y siguen siendo poderosos”.La ejecución se realizó temprano la mañana del 19 de junio, en las afueras de Querétaro, en el Cerro de las Campanas, la colina donde Maximiliano se había rendido el 15 de mayo. El emperador se despertó antes del amanecer, y rezó frente a un pequeño altar que había sido erigido en su prisión.
Se puso una levita negra y el sombrero blanco. Poco antes de las seis de la mañana fue llevado al Cerro de las Campanas, y se trasladó en un carruaje con un sacerdote.
Maximiliano, Miramón y Mejía caminaron todos con paso firme. Maximiliano entregó su pañuelo y su sombrero blanco a su cocinero húngaro Todos, y le encargó que diera esos objetos a su madre.
Cuando los tres hombres afrontaron el pelotón de fusilamiento, ocuparon posiciones distintas de las que habían acordado previamente. Mejía, ferviente creyente católico no quiso estar a la izquierda, porque recordó que el ladrón que se encontraba a la izquierda de Cristo en la crucifixión no se había arrepentido.
De modo que Maximiliano quedó a la izquierda, Miramón en el centro y Mejía a la derecha de Miramón. Estaban de pie, de espaldas a los restos de un muro que había sobrevivido al bombardeo durante el asedio, y pasearon la mirada sobre Querétaro.
El emperador pronunció un breve discurso en castellano, digno de la sangre que corría por sus venas: “¡Mexicanos! Los hombres de mi clase y mi raza han sido creados por Dios para representar la felicidad de las naciones o ser sus mártires”. Y agregó: “Perdono a todos. Ruego que todos también puedan perdonarme, y deseo que mi sangre, la que ahora se derrama, sea para bien del país. ¡Viva México! ¡Viva la independencia!”.Un oficial joven estaba al mando del pelotón de fusilamiento, y los seis soldados que lo integraban eran todavía más jóvenes. El oficial ordenó que hicieran fuego.
Seis balas alcanzaron a Maximiliano, y tres le infligieron heridas mortales. Falleció instantáneamente, al igual que Miramón y Mejía. A las siete menos veinte de la mañana todo había concluido.
Juárez entró en la ciudad de México el 15 de julio, viniendo de San Luis Potosí por Querétaro, donde se detuvo para contemplar el cadáver del emperador Maximiliano. La guerra de los últimos cinco años había concluido y el país se encontraba en una postración económica y espiritual.




Bibliografía:


CHAUNU, Pierre, Historia de América Latina, Eudeba, Buenos Aires, 1976.
RIDLEY, Jasper, Maximiliano y Juárez. La tragedia del emperador y el triunfo del libertador de la patria, Vergara, Buenos Aires, 1994.
VASCONCELOS, José, Breve Historia de México, Ediciones Botas, México, 1950.

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