domingo, 7 de junio de 2009

LA SOCIEDAD RURAL ARGENTINA





Hipólito Yrigoyen visita la Sociedad Rural Argentina junto a José S. de Anchorena.

Ricardo B. Newton.




Por Sandro Olaza Pallero




En la mayoría de las regiones que han sido estudiadas de la América española colonial, los hacendados han sido descriptos como los adinerados y poderosos miembros de la elite. La visión tradicional de las relaciones sociales en la pampa colonial, sostenida hasta hace poco por la mayoría de los historiadores, también proclamaba la existencia de una clase estanciera poderosa y rica en la Buenos Aires prerrevolucionaria.
Tulio Halperín Donghi fue el primer historiador de nota que desafió al pasar, la versión dominante. Advirtió, así, que el status del hacendado a fines del siglo XVIII no era tan importante como lo sería en los años anteriores a la Independencia; la era de oro de los hacendados vino sólo después de 1820 con la expansión de la frontera del ganado.
Hubo un comportamiento endogámico, pues casándose dentro del mismo grupo, los estancieros trataron de esquivar los efectos pulverizantes de sus propias prácticas hereditarias. Ninguno de ellos estableció mayorazgos, y entonces con cada nueva generación sus tierras tendían a volverse más fragmentadas.
La endogamia también ampliaba el círculo de familiares y familiares políticos influyentes. Esto no significa que el grupo estanciero se mantuvo completamente cerrado.
Victoria Antonia Pessoa la hija de Fermín Pessoa, y María Nieves Estela, se casaron con comerciantes. Agustina López de Osornio casó con León Ortiz de Rozas, un militar oficial. La mayor parte de los caudillos federales fueron terratenientes, incluso unitarios como Martín Rodriguez.
La Sociedad Rural Argentina integra la historia económica y política de la nación. Fue fundada el 10 de julio de 1866 con el objetivo de fomentar la cría de ganado y la agricultura.
Si bien habían existido otras sociedades rurales en el pasado, ninguna perduró lo suficiente como para causar algún impacto hasta que se fundó en el año mencionado esta sociedad sobre las bases que habían establecido en años pasados Gervasio A. de Posadas, Domingo F. Sarmiento y Eduardo Olivera. Olivera había trazado los planes de organización y redactado los estatutos que fueron aceptados por un grupo de estancieros progresistas encabezados por José y Benjamín Martínez de Hoz, Francisco Madero, Jorge Temperley, Ricardo Newton –el primero en utilizar alambres de púas-, Mariano Casares y Luis Amadeo. José Martínez de Hoz fue el primer presidente y en 1867, apareció el primer número de Anales de la Sociedad Rural Argentina con Olivera como su director.
El conflictivo contexto político de la época –guerra civil y guerra contra la República del Paraguay- no había sido un obstáculo para el empuje de algunos pioneros. El único propósito de la Sociedad era fomentar todo lo que pudiera mejorar la industria ganadera y la agricultura en un país lleno de recursos naturales y oponerse a todo lo que pudiera perjudicarlas.
Se hacía hincapié en la producción de carne fuera aceptable en el mercado de Europa, en particular en el británico. Fomentó la mejora de razas con la importación de toros y carneros de pedigree, con una alimentación más adecuada –por ejemplo a base alfalfa- y con el control del ganado por medio del alambrado de campos.
Muy pronto adoptó la refrigeración para el transporte. En 1875 la Sociedad Rural organizó la primera exposición ganadera como una muestra de lo que podía hacerse. Al año siguiente se trasladó la exposición en forma permanente a Palermo, donde la sociedad instaló su sede en el antiguo establecimiento de Juan Manuel de Rosas.
Para la época en que el general Julio Argentino Roca asumió la presidencia en 1898, el país pasaba por una etapa de gran prosperidad debido en buena parte a la Sociedad Rural. Había una estrecha relación entre sus miembros y el gobierno que se mantuvo hasta que la industrialización surgida durante las dos guerras mundiales trajo aparejada la diversificación de la economía y la pérdida de prestigio y de poder político de la Sociedad Rural Argentina.
En la actualidad, la Sociedad Rural Argentina sigue siendo fiel a sus ideas rectoras: Art. 1°: “La Sociedad Rural Argentina, fundada en 1866, es una Asociación Civil que tiene los siguientes fines: velar por el patrimonio agropecuario del país y fomentar su desarrollo tanto en sus riquezas naturales, como en las incorporadas por el esfuerzo de sus pobladores; promover el arraigo y la estabilidad del hombre en el campo y el mejoramiento de la vida rural en todos sus aspectos; coadyuvar al perfeccionamiento de las técnicas, los métodos y los procedimientos aplicables a las tareas rurales y al desarrollo y adelanto de las industrias complementarias y derivadas, y asumir la más eficaz defensa de los intereses agropecuarios". Las políticas públicas han estado históricamente vinculadas al desarrollo agrario argentino desde los orígenes de la Nación y, especialmente, desde la conformación del Estado y el mercado nacional en los años de 1880. Cuando la Argentina se preparaba para celebrar su primer siglo de vida, los grandes estancieros de la pampa constituían el grupo social más poderoso e influyente del país.
La instrumentación de la democracia representativa en los albores del Centenario y su inmediata consecuencia: el ascenso del radicalismo al gobierno nacional no concitan cambios en el modelo de desarrollo económico, a pesar del fin de la expansión horizontal agraria que se produce casi al mismo tiempo que el estallido de la Primera Guerra Mundial y promueve el primer llamado de atención al interior del modelo agroexportador. Los efectos de la crisis de 1930 que conllevan al fin del crecimiento hacia fuera y la industrialización por sustitución de importaciones, se conjugan con los perfiles políticos derivados de la ruptura del orden institucional, y dan paso a la consolidación de un Estado intervencionista en la economía que se esfuerza por auxiliar a la Argentina agroexportadora, otorgando un lugar complementario a la industria.
Las Juntas Reguladoras de la Producción -de Granos, de Carnes, de la Yerba Mate, de Vinos, del Azúcar y del Algodón-, suman su acción de contralor y subsidiaria en favor del agro, a los efectos de algunas medidas financieras que procuran poner orden en el sistema monetario y financiero argentino, tales como el Control de Cambios -creado en 1931 y reformado en 1933-, el Banco Central de la República Argentina fundado en 1935 con capitales mixtos para regular la oferta monetaria, dinamizar las finanzas nacionales e independizarlas de los vaivenes externos, y el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias que pone en movimiento los activos fijos. Son éstas acciones concretas arbitradas desde el Estado Nacional para adecuar las políticas públicas a los nuevos tiempos, en los cuales el agro sigue jugando un papel significativo para reorganizar la economía del país.
En el discurso pronunciado por el ministro de Agricultura, Miguel Ángel Cárcano, en la inauguración de la 48º Exposición Nacional de Ganadería, el 9 de agosto de 1936, señalaba las necesarias políticas proteccionistas del Estado: "La Sociedad Rural Argentina en la Exposición de Palermo ha ofrecido siempre al país intensas satisfacciones colectivas y legítimos fundamentos para crear confianza en su propia riqueza...La política nacionalista de los países consumidores y la tendencia monopolista de las grandes empresas, hechos evidentes de la nueva evolución, alteran la gravitación natural de los factores económicos y los esfuerzos individuales. Los elementos más sanos y genuinos que movían las diversas zonas productoras y el comercio internacional, han sido perturbados por la alquimia de nuevas doctrinas y la presión de irresistibles incidencias políticas y sociales. Resulta imposible el éxito del esfuerzo individual sin la colaboración y apoyo del Estado".
Para fines de la década de 1930, casi todos los observadores del área rural señalaban que era necesario poner en marcha un programa de reformas que, rápido o lentamente, favoreciera la democratización del acceso al suelo. Este programa no encontró entre las fuerzas que dominaban la vida política en la llamada Década Infame.
En más de una ocasión, el gobierno de la Concordancia volcó su influjo a favor de los grandes propietarios, como cuando negoció el tratado de comercio con Gran Bretaña conocido como Pacto Roca-Runciman. El llamado Plan Pinedo de 1940, formulado por el socialista independiente y Ministro de Hacienda Federico Pinedo, para ser presentado ante el Senado Nacional, es el punto culminante de esas propuestas del Gobierno intervencionista de los años 30, al punto de convertirse en el primer documento de Estado que intenta conciliar industrialización y economía abierta, reorientando la relación diplomática y comercial argentina con los Estados Unidos, colocando en un lugar relevante al mercado interno a través del fomento de la industrialización por sustitución de importaciones, pero sin abandonar la singular labor del Estado en beneficio de la compra de los saldos agrarios invendibles, que una vez más resultan directamente subsidiados por el gobierno nacional a través de las instituciones específicas.
El propio Pinedo recuerda que es la actividad agropecuaria la que hace girar “la gran rueda de la economía”, en tanto la industria nacional se convertía para la planificación de referencia en una sucesión de engranajes secundarios que comienzan a operar cuando esa “gran rueda” ve deteriorado su funcionamiento. Razones políticas motivan el fracaso del plan, que no resulta aprobado por el Congreso Nacional, en medio de la férrea oposición de los legisladores radicales alentados por Marcelo T. de Alvear, quien preside por entonces la Unión Cívica Radical.
De todos modos, el mercado-internismo en la Argentina de los 40 no tiene retorno. Es en la etapa preliminar al ascenso del general Juan D. Perón al gobierno nacional, cuando se refuerza el papel estratégico del agro en la economía del país y al cual no resultan ajenas las políticas públicas; en un clima de migraciones internas del campo a la ciudad, de consolidación de la industrialización sustitutiva de importaciones, de un mercado interno que se amplía y consolida, de los efectos derivados de la Segunda Guerra Mundial -cuando el keynesianismo se afirma como ideología económica dominante y como teoría organizadora de la política económica- y de una reorganización económico política que se asienta en un entramado nacionalista, popular, dirigista y planificador, para operar como componentes básicos del llamado Estado Benefactor.
Un Estado que inaugura un nuevo sistema de alianzas -obreros y pequeño-mediana burguesía industrial- para la Nueva Argentina, sin romper totalmente los lazos con las bases de sustento de la “Argentina oligárquica”. En este caso en relación con el agro, para discernir sus continuidades y también sus cambios, con el objeto de despejar algunos interrogantes que la historiografía argentina ha dejado pendientes, algunos historiadores analizan el papel estratégico que el campo juega en la Nueva Argentina liderada por Juan Perón.
Esta caracterización procura distinguir los objetivos de las medidas legislativas adoptadas entre los años de 1940 y 1955, la inserción de las mismas en el discurso oficial, las confrontaciones públicas entre el Estado y los diversos sectores agrarios, pero también la conciliación de esas leyes y resoluciones que regulan el comportamiento de los actores del medio rural y sus corporaciones representativas, con las prácticas económicas para el sector, que -sin lugar a dudas- conserva a mediados de los años 50, su significación tradicional, a pesar de la descapitalización que denuncian los sectores del campo y que ellos mismos atribuyen a las políticas públicas que se implementan. Decían que el gobierno omitía considerar el auxilio financiero que el propio Estado benefactor mantiene, primero, e impulsa, después, desde la instrumentación del crédito -por ejemplo- que la banca y el sistema financiero nacionalizados en 1946, alientan sin apartarse de la norma imperante, más allá de un discurso estatal que suele sonar amenazante para los sectores del campo argentino.
Según Félix Luna el “paro agropecuario del último mes de marzo [2008] reveló a al país la importancia y la fuerza del campo en la vida argentina. Pues en las últimas décadas, el campo ha vivido una transformación particular: nuevas técnicas tanto en ganadería como en agricultura, nuevos modos de siembras, descubrimientos de productos de la tierra a los que no se les encontraba utilidad y que ahora arrojan fabulosos rindes y aportan copiosas ganancias a quienes lo explotan, exportaciones multiplicadas, componen un cuadro que desvanece el mito del estanciero ocioso y rutinario, dinámico, innovador y competitivo. Este prejuicio es tan anacrónico como la absurda antinomia campo-ciudad”.




SOCIOS FUNDADORES DE LA SOCIEDAD RURAL ARGENTINA:


José Martínez de Hoz; Eduardo Olivera; Lorenzo F. Agüero; Ramón Viton; Francisco B. Madero; Jorge Temperley; Ricardo B. Newton; Leonardo Pereyra; Mariano Casares; Jorge R. Stegman; Luis Amadeo; Claudio F. Stegman y Juan N. Fernández




PRESIDENTES DE LA SOCIEDAD RURAL ARGENTINA:


1866-1870: Sr. José F. Martínez de Hoz
1870-1874: Ing. Eduardo Olivera
1874-1876: Sr. José María Jurado
1876-1878: Sr. Emilio Duportal
1878-1880: Sr. José María Jurado
1880-1882: Sr. Enrique Sundbland
1882-1884: Sr. Leonardo Pereyra
1884-1886: Sr. Enrique Sundbland
1886-1888: Sr. José María Jurado
1888-1891: Dr. Estanislao S. Zeballos
1891-1892: Sr. José María Jurado
1892-1894: Dr. Estanislao S. Zeballos
1894-1896: Sr. José Francisco Acosta Oromí
1896-1897: Dr. Julio Pueyrredón
1897-1898: Dr. Ramón Santamarina
1898-1900: Ing. Julián Frers
1900-1904: Sr. Ezequiel Ramos Mejía
1904-1906: Sr. Carlos M. Casares
1906-1908: Sr. Manuel José Güiraldes Guerrico
1908-1910: Dr. Emilio Frers
1910-1912: Dr. José M. Malbrán
1912-1916: Dr. Abel Bengolea
1916-1922: Dr. José S. de Anchorena
1922-1926: Ing. Agr. Pedro T. Pagés
1926-1928: Ing. Luis Duhau
1928-1931: Sr. Federico Lorenzo Martínez de Hoz
1931-1934: Dr. Horacio N. Bruzone
1934-1938: Dr. Cosme Massini Ezcurra
1938-1942: Dr. Adolfo Bioy
1942-1946: Ing. José María Bustillo
1946-1950: José A. Martínez de Hoz
1950-1954: Dr. Enrique G. Frers
1954-1955: Escrib. Juan María Mathet
1955- 1956: Sr. Juan José Silvestre Blaquier
1956-1960: Escrib Juan María Mathet
1960-1966: Sr Faustino Alberto Fano
1966-1967: Dr. José María Lartirigoyen
1967-1972: Dr. Luis J. Firpo Miró
1972-1978: Sr. Celedonio V. Pereda
1978-1980: Dr. Juan Antonio Pirán
1980-1984: Ing. Horacio F. Gutiérrez
1984-1990: Dr. Guillermo Alchourrón
1990-1994: Dr. Eduardo A. C. de Zavalía
1994-2002: Dr. Enrique C. Crotto
2002-2008: Dr. Luciano Miguens
2008-2009: Dr. Hugo Luís Biolcati




Bibliografía:


CÁRCANO, Miguel Ángel, Realidad de una política, Buenos Aires, 1938.
GIRBAL-BLACHA, Noemí M., “Políticas públicas para el agro se ofrecen. Llamar al estado peronista (1943-1955)”, en Mundo Agrario n° 5, La Plata, vol. III, Julio-Diciembre 2002.
HORA, Roy, “Dinastías de estancieros”, en Todo es Historia n° 490, Buenos Aires, Mayo 2008.


Estanislao S. Zeballos.


MAYO, Carlos, Estancia y sociedad en la pampa 1740-1820, Prólogo de Tulio Halperín Donghi, Buenos Aires, 1995.
SOCIEDAD RURAL ARGENTINA (http://www.ruralarg.org.ar/).
WRIGHT, Ione S.-NEKHOM, Lisa M., Diccionario Histórico Argentino, Buenos Aires, 1990.


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