LOS CARGOS PÚBLICOS VEDADOS A LOS CRIOLLOS A FINES DE LA DOMINACIÓN HISPÁNICA

Fernando VII, rey de España e Indias.

                                          
                                            

 Por Sandro Olaza Pallero



Uno de los pilares de la justicia en Indias era el desarraigo de los jueces, que sólo podían mantenerse firmes si se contenían dentro de límites estrictos las vinculaciones de los magistrados con su entorno social, para evitar una mala imagen de la justicia. Esta circunstancia obligaba a mantener una política de nombramientos muy cuidadosa, que, en la medida que tendía a excluir a los criollos, pronto empezó a ser discutida.
Esta cuestión no se planteó con virulencia hasta la fundación de las primeras universidades en suelo americano, porque desde entonces se facilitó la graduación de letrados criollos: gentes que pudieron acceder a los cargos y que, en su condición de naturales, profesaron “amor a la patria”. Garriga se pregunta ¿cómo justifican quienes lo defienden, llegado el caso, que el arraigo de los magistrados no es inconveniente para la buena administración de la justicia?
Enderezados al Rey para que modifique su política de nombramientos, los argumentos empleados giraban más en torno a sus deberes para con los letrados criollos –derivados de los derechos que les corresponden por el hecho de serlo-, que solo la obligación que tiene de realizar la justicia en sus reinos, esto es, de administrarla rectamente a todos los habitantes de aquellas tierras; o lo que es igual, atienden más a los oficios como premio y remuneración a sus naturales, que como instrumentos para la administración de justicia. Cuando se entra en este último terreno, lo que sólo algunos hacen, suelen seguirse estas líneas argumentales: o se trata de hacer de la necesidad virtud, justificando de uno u otro modo la inclinación a favor de los suyos que inevitablemente comporta la judicatura de los naturales.
O bien se procura obviarla proponiendo que los letrados criollos sean preferidos para las plazas de las Indias, aunque no vivan en su propia patria. Pero habían otras perspectivas, lógicas distintas, que cobraron un peso creciente en el seno de la monarquía católica. La impuesta por las necesidades de la Real Hacienda, resultó ser la más determinante de ellos, pues se llegó a admitir el beneficio de oficios con jurisdicción, que fue puesto en práctica no menos de una treintena de veces para la designación de magistrados entre 1687 y el final de siglo, siempre a favor de letrados criollos.[1]
Señala Garriga que el discurso criollo que se cultivó y reprodujo a lo largo del tiempo y en todo el espacio americano con una sustancial unidad argumental, fue un discurso eminentemente jurídico. Identidad y derecho propio se confundieron en el Antiguo Régimen, aunque sólo sea porque en un mundo corporativo éste había de aportar los elementos necesarios para la construcción de aquélla.
En la real cédula del 7 de abril de 1716 dirigida a la Audiencia de Charcas se ordenaba al virrey que examinara las circunstancias que debían concurrir en los sujetos que hubieren de ejercer los empleos de aquel reino: “Concurrir en los nombrados todas las circunstancias, buena fama, obras, y costumbres, hábiles, y aptos para el ejercicio, sin la menor nota, ni reparo, y que lo contrario me sería de sumo desagrado”.[2]
Hacia 1725 el abogado novohispano Juan Antonio de Ahumada redactó a modo de epígono su “Representación político legal a nuestro señor soberano...Rey poderoso de las Españas, y emperador siempre augusto de las Indias, para que se sirva declarar y no tienen los españoles indianos óbice para obtener los empleos políticos y militares de la América; y quedaba ser preferidos en todos”; un discurso que resuena en las reivindicaciones políticas de los cabildos y otras instancias durante la segunda mitad del siglo XVIII y no en vano fue reimpreso en México en 1820. Tal como se formuló, la tesis de los empleos de América para los americanos comportó a este respecto el derecho de prelación que implicó la consideración de América como entidad definitoria de la condición de naturaleza –americana- y titular por tanto de los oficios y beneficios –los cargos o empleos- que se pretendieron.[3]
Felipe V en cédula del 18 de julio de 1745, estableció que en la provisión de empleos para los naturales de América, los virreyes, presidentes y gobernadores le informasen sobre las prendas y calidades de los candidatos:
"Es siempre mi ánimo que los ejerzan sujetos en quienes concurran las circunstancias de buena fama, decencia, acreditada conducta, y demás que estén prevenidos por leyes, órdenes y costumbres y, que se requiera, para servir empleos de administración de justicia, o de mi Real Hacienda, y gobierno de mis pueblos, y que estos sean mantenidos en paz, y justicia; y como las personas que ofrecen por ellos los beneficios, son naturales de esos reinos de América, e igualmente los sujetos que proponen sucesivamente para entrar en su posesión, y se carece aquí de la puntual, y puntual noticia de sus calidades, se previene en los despachos que se les expide, haya de proceder a su posesión, la comprobación del virrey, presidente, o gobernador, en cuya jurisdicción hubiesen de ejercer los empleos".[4]
Si bien en el reinado de Carlos III, en especial durante el ministerio de Indias de José de Gálvez, fue cuando se advirtió claramente la segregación de los criollos de los cargos públicos en América que dio irritante preeminencia a los europeos, la política adversa a la ubicación de los criollos en cargos oficiales del gobierno de las Indias por ser “gente de poco fiar”, no fue nueva, ni afloró por vez primera durante la segunda parte del siglo XVIII.[5] Cuando el comisario de guerra Manuel J. Fernández, que fuera luego primer Superintendente del Virreinato, llegó a Buenos Aires con la expedición de Pedro de Cevallos, trajo consigo un considerable número de dependientes, nombrados a veces por su idoneidad para el cargo, otras por relaciones de amistad o parentesco con quienes proveían los empleos, muy codiciados por los peninsulares y americanos. En varios casos, el origen regional fue un factor importante: la posición tan influyente del ministro Gálvez, oriundo de Málaga, puede explicar el crecido número de funcionarios andaluces que arribó a Buenos Aires en los primeros años del virreinato.[6]
Las peleas entre los criollos cordobeses y los peninsulares fueron descriptas por Antonio Arriaga a Carlos III en el año 1777, donde se señaló que los oficios concejiles y el ramo de sisa que se recaudó en Córdoba fueron las dos causas de las discordias que se experimentaron:
"El regidor don José de Allende azotó privadamente en su casa a un español europeo solo porque no le compuso unos zapatos tan pronto como quería; consta de autos que pasaron ante mí; y para no experimentar la pena que merecía se compuso con el injuriado en cuatrocientos pesos que le satisfizo por el agravio...Pueden contarse también como principio de estas discordias la enemistad que profesa esta familia -Arrascaeta- y parcialidad a los europeos avecinados...Acredita más superabundantemente esta enemiga, la instancia que promoviera ante nuestro virrey de Lima solicitando que ningún europeo avecinado en esta provincia obtuviese cargos concejiles, ni otros empleos en las repúblicas, alegando que como los más venían a Indias sin licencia de nuestra Majestad debían ser restituidos a España con todas sus familias, cumpliéndose lo demás que previenen las leyes que lo prescriben".[7]
Del lado criollo se desarrolló durante los siglos indianos una hipersensibilidad, natural en un grupo de personas que dudaban de sí mismos, que no sabían donde pertenecían y que, viviendo entre dos mundos, no se encasillaron exactamente en moldes sociales tradicionales. Durante el siglo XVI, la oposición todavía no es de criollos versus peninsulares, sino más bien de primeros conquistadores, además de pobladores subsecuentes, todos ya arraigados y conscientes de su heroico pasado versus cómodos advenedizos, además encontramos varios conflictos entre grupos, procedentes de regiones diversas de la península española. En el siglo XVII, esto cambió y en el escrito La Apología por todos los criollos de la América, hijos de Españoles por fray Buenaventura Salinas, de Lima, publicada en Madrid en 1645, contra la discriminación de la que este meritorio fraile fue víctima dentro de su orden, constituyó una protesta contra los privilegios de los peninsulares. El Siglo de las Luces agravó la ruptura entre el criollo culto y España. A pesar de que la economía indiana en el siglo XVIII, en una nueva sed de prosperidad hizo sentir más aún la injusticia de ciertos monopolios comerciales, disfrutados por grupos peninsulares. Además, una nueva forma de inmigración española, desde el norte de la península y Cataluña, con personas austeras, sencillas, y ambiciosas, llegaron a ser competidores serios de los criollos quienes se amargaron.[8]
Examinando la lista de los gobernadores de Malvinas, es importante señalar que dos de esos funcionarios fueron criollos: Jacinto de Altolaguirre, porteño, que ejerció el mando de 1781 a 1783 y Francisco Javier de Viana y Alzaibar, montevideano que lo hizo de 1798 a 1799 y de 1800 a 1801.[9]
En una instrucción dada por el virrey Loreto al nuevo presidente-intendente de La Plata, Vicente Gálvez, le hizo saber sus prevenciones o recomendaciones.[10] Estaba relacionada con el pleito con el ex presidente Ignacio Flores y la sublevación “de la plebe” de julio de 1785 en Charcas. El inesperado nombramiento del coronel Flores, nativo de Quito, por el virrey Vértiz, como presidente interino de la audiencia de Charcas e intendente de La Plata, en recompensa de sus brillantes servicios en la reciente sublevación de Túpac Amaru, se consideró como una abierta afrenta a los elementos europeos del Alto Perú, y ese resentimiento aumentó cuando Flores nombró a otro criollo nacido en Tacna, Juan José de Segovia, como teniente asesor. En la noche del 21 de julio de 1785 un soldado del 2º batallón de Extremadura mató a un mestizo en una riña, incidente que causó un tumulto popular en que la multitud llenó las calles durante dos días y trató de realizar justicia sumaria con las tropas. Flores y Segovia actuaron con sangre fría; acompañados por el fiscal de la audiencia se enfrentaron con los tumultuarios y consiguieron dispersarlos sin recurrir a las armas. Pero como medida de seguridad Flores resolvió volver a poner en pie y armar a la compañía de milicias mestiza que, posteriormente envió a patrullar las calles.
La situación se encauzó así nuevamente, pero el desgraciado Flores tuvo que soportar un torrente de críticas. Por una parte, se lo atacó porque no actuó con suficiente vigor contra los revoltosos y no consultó a las autoridades locales; por otra, su política de rearmar a los criollos enfadó gravemente a la audiencia y a la opinión de los europeos en general. El resentimiento de La Plata tuvo su eco en Buenos Aires, donde el virrey Loreto deploró “el mal ejemplo, que causaría en el reino poner las armas en manos, de quienes sobraban motivos de desconfianza en aquellas circunstancias”. La demostración de que circulaba literatura subversiva en La Plata aumentó la preocupación general y el intendente tuvo que someterse a las órdenes de Loreto y disolver la compañía de mestizos y convocar otra compañía de tropas regulares de Potosí.[11] El marqués de Loreto le hizo dos aclaraciones a Gálvez: una con referencia a la “idiosincrasia de aquellos naturales, que de tanto tiempo no tuvo freno, podrá muy bien haberse empeorado o convertido de menos bien inclinados o perversamente indómitos por la tolerancia misma”. La segunda, que más fue una recomendación: que mantuviera en disciplina estricta a la tropa de Extremadura. Loreto le aconsejaba llevar “la buena administración de justicia y el curso de los expedientes con igualdad y sin preferencias”. Toda prevención, que “no exceda de los deberes propios”, lo llevaría a lograr que no perdiera más, allí, el fuero de sediciones, alborotos o asonadas.[12]
Cuando se ordenó el cese en el cargo a Segovia, Flores escribió que la tristeza producida en el asesor era “ya general para estos hombres de letras” quienes conjeturaban que no tendrán la salida que tenían trazada en las ocho asesorías del Virreinato, único consuelo de sus tareas. Estos hombres penetran que les están negados mayores empleos y estaban muy alegres y satisfechos de estos subalternos.[13]
Entre las acusaciones a Flores se destacaba su supuesta animosidad contra los andaluces:
Qué más quieren mis émulos? ¿Pretenderán que yo ame los delincuentes de España o venere sus gitanos? La verdad es que no pudiendo acusarme de impuro, ladino o fatuo quieren hacerme descontento, para que esta calumnia solape sus crímenes y designios, así como otros hicieron hereje al venerable Palafox y alzado al ilustre don José de Antequera. No me detendré mucho en satisfacer a la invectiva de que aborrezco principalmente a los andaluces, estando claro que con ellos se ha querido picar más que instruir a vuestra excelencia.[14]
En el juicio seguido al doctor Segovia por sus “excesos personales en su gestión”, el fiscal Márquez de Plata destacaba que "este sujeto ha sido parte y directa en la sediciosa invención de figurarse ofendidos varios vecinos de Chuquisaca, dándole a este pernicioso el nombre de vecindario para ofuscar, como consiguió la atención de aquel tribunal, tomándose bajo esta ficción, y pretexto la libertad de hacerse parte, no así como quería de su procedimiento, sino con la misma real audiencia, y su fiscal, interpolándola en una causa de tumulto que estaba en sumaria a la voluntaria sombra, y oficiosidad de agitarla...¿Pues de dónde se sacó este delirio de la persecución, y enemigos del vecindario? Ese es el delito, y en esto está la faccionaria inventiva de cuyo origen, objeto, y consecuencias se tratará en la acusación".[15]
Era evidente la rivalidad siempre latente entre los criollos santiagueños y españoles. En 1789 el alférez real de Santiago del Estero expuso con singular violencia: "Que se hacían muchas iniquidades, y que solo los hijos de España querían y gobernaban estos parajes sin atender a que los criollos, y patricios eran más beneméritos y debían ser mucho más atendidos, pues tenían más lealtad y amor a sus tierras, por ser naturales de ellas".[16]
Zorraquín Becú señaló las divisiones dentro de la clase superior del virreinato, que habrían de manifestarse en los movimientos que precedieron a la revolución. Destacó que surgieron a principios del siglo XIX ciertos grupos ciudadanos o burgueses que se consideraron relegados a una posición secundaria, a pesar de sus merecimientos y su capacidad. Los que no habían podido sobresalir en el plano político, social o económico, ya fuera por las trabas que les eran impuestas, ya por falta de suerte o habilidad, formaron esa nueva burguesía que trataba de incorporarse. Los criollos aspiraban a la libertad; los burgueses defendían la igualdad, aquéllos suspiraban por el gobierno propio; éstos pretendieron simplemente llegar al gobierno, cualquiera fuese su forma o titular. Unos y otros se unieron en 1810 porque llegó a producirse una coincidencia de aspiraciones, favorecida por las circunstancias internacionales de la época.[17]
En 1794, el autor anónimo de las Noticias de los Campos de Buenos Aires y Montevideo para su arreglo expuso los medios más seguros de dar ocupación a los vasallos:
"Esta misma providencia de acotar el comercio y de equilibrar las clases del estado daría nuevo aumento a nuestra población si se uniese con el cuidado de no conferir a los españoles muchos de los subalternos que no se hacen incompatibles para su buen servicio en los oriundos de aquella tierras... Todos estos empleos se hallan servidos en el día por naturales de nuestra península, a excepción de una y otra plaza de los inferiores; y los de la primera clase todos han sido nombrados por nuestra corte y remitidos a las Indias muchos de ellos con toda su familia a costa de la Real Hacienda".[18]
Las reformas borbónicas requirieron para su implementación de cierto número de funcionarios reclutados en la Península, que a menudo recortaron espacios de poder a los que encontraron en las Indias. En el ámbito económico fue destacable la particular preponderancia ejercida por los inmigrantes españoles en el comercio cordobés a fines del siglo XVIII. En efecto, a partir de los años ochenta, su afluencia a Córdoba fue numerosa. Posiblemente la crisis desencadenada en España a lo largo de los últimos cuarenta años del período colonial americano, acicateó las necesidades y acrecentó los anhelos de emigrar en los hispanos. Este grupo de comerciantes españoles apoyó a aquellos compatriotas recientemente arribados, con intención de dedicarse a la actividad comercial.
En tanto, comparativamente se encontraron pocos comerciantes americanos que manejaron la actividad mercantil con las mismas pautas impuestas por aquéllos. Los Allende, los Usandivaras o los Quintana, enlazados familiarmente, también lo estuvieron en la administración de la ciudad de Córdoba, antes y después de la gobernación intendencia del marqués de Sobre Monte, protagonizando innumerables rencillas siempre tendientes a posesionarse en forma predominante del poder lugareño, atribuyéndoles, los testigos de la época “la enemistad que profesan estas familias y parcialidad a los europeos avecindados”.[19]
En un documento sin firma fechado en 1809, se comentó la situación en América, así como la intención en España de enviar funcionarios de la mayor probidad, cuidando que ningún criollo ocupe cargos en América, pues aspiraban a la independencia:
"En circunstancias que el gobierno debía esmerarse en mandar a las Américas los hombres de la mayor probidad para manifestar que ha desaparecido el despotismo de Godoy, y negociación de otros en beneficiar empleos, se ve con dolor colocar a gentes que aun en presidio no debían tener lugar. Uno es don León de Altolaguirre[20] provisto administrador de la Aduana de Buenos Aires conocido públicamente por estafador de la Real Hacienda, y particulares cuando fue comandante de aquel resguardo. Se le frustró el viaje en la fragata de guerra Proserpina con el nuevo virrey Cisneros; y ahora subrepticiamente intenta embarcarse a su destino en Sanlúcar en un buque anglo-americano, en consorcio de sus satélites dos sobrinos Sarrateas y don Hilarión Quintana, conductor de los pliegos de Liniers...hoy no conviene que ningún criollo pase a América con destino por que naturalmente aspiran a la independencia".[21]
La provisión de empleos públicos a peninsulares seguía siendo criticada por los criollos, quienes sentían que se los dejara de lado y se nombrasen funcionarios y obispos de España para mandarlos y robarlos:
"Es verdad incontrastable que debe mirarse como perjudicial la falta de una buena administración de justicia; pero se niega abiertamente el que por que falten uno, dos o más individuos en las audiencias de menor número de dotación de ellos se carezca de la Administración de justicia si se quiere por que además de que no es la concurrencia de negocios tan general y grande como en los de la península; antes bien suelen pasar el tiempo en el despacho de frioleras no faltan letrados muy dignos de ser nombrados con jueces para algún pleito o negocio que exija determinado número por la ley; mas no es este el caso del día sino que de dos males debe preferirse el menor según principio: tiempo sereno mas que ahora ha sido el objeto de las conversaciones y murmuraciones de aquellos naturales instruidos en la llegada o arribo del togado no sólo de su persona o figura que suelen ir bien ridículos en el todo sino mas principalmente por la envidia que es causada considerándose acreedores y capaces (y que los hay) al desempeño de aquel destino y empleos y así prorrumpen en execraciones diciendo de España, los gobernadores de España, los oidores de España, los oficiales reales de España, los obispos, etc. etc. y así a este tenor para mandarnos y robarnos".[22]
Francisco Bruno de Rivarola, abogado y vecino de Buenos Aires, asesor del Real Consulado, quien se consideró acreedor a mejores puestos administrativos y cuyos reclamos no fueron escuchados por la Corona, escribió en 1809 sobre la felicidad de las provincias del Río de la Plata si tuviesen voz y voto en las Cortes.
"¡Qué distinto aspecto de pública felicidad brillaría en las provincias del Río de la Plata si se adoptase el pensamiento de que sus ciudades capitales tuviesen voz y voto en las Cortes!...Reinaría la justicia y la equidad. Florecerán las ciencias y las artes, la agricultura, el comercio y navegación tomarían incremento y saldrían de un sinnúmero de trabas que oprimen a estas ocupaciones útiles".[23]
La opinión pública peninsular frente al problema americano estuvo en la línea de conducta de la Junta Central, la que realizó una consulta al país. Del examen de las respuestas conviene destacar que, aunque muy pocos, no faltan quienes desconfiaron de los beneficios que pudieran reportar la participación americana. El ayuntamiento de Córdoba señaló que “el gusto a la libertad, la memoria de su conquista, y los tratamientos que como colonias están sufriendo, han de despertar en aquellos naturales el deseo de la independencia”.[24] Sin embargo, la inmensa mayoría, expresó eterno agradecimiento al gesto generoso de ayuda de la América y se manifestó en el sentido de admitir en el Congreso a los hermanos de Ultramar. Pero la mayor parte de las respuestas se inclinaron por la desigualdad de representación de los españoles americanos. Ramón Lázaro de Dou afirmó que "parece claro que no deben tener preponderancia las Américas y que el número de sus vocales en las Cortes puede ahora ser en la razón, en que están en la Junta Central, si esta es, como parece ser, la una cuarta parte, y que para lo venidero el adoptar el medio de admitir vocales en razón de la población puede ser título para impedir indirectamente la preponderancia que nunca deben tener las colonias respecto de su Metrópoli".[25]
En gran número de informes se reconocieron los “graves errores y abusos” cometidos en América por las administraciones anteriores y se manifestó un arrepentimiento que se tradujo en la proposición de reformas en cuanto al régimen de empleos. Esa creencia fue rubricada por personas de distinto pensamiento y no se meditó que se otorgó a los americanos un precioso argumento para su futura revolución. El general Guillermo Miller, crítico del sistema colonial español, en sus Memorias señaló que sin duda se exageró en cuanto a diferencias entre españoles y criollos: "¿No recuerdan los americanos que sus padres, sus abuelos o antepasados fueron españoles, y que sus acusaciones recaen sobre la memoria de los que deben mirar con respetuosa veneración?...Si con efecto muy pocos americanos tuvieron los primeros puestos de la magistratura civil en América, y muy pocos militares americanos han mandado en ella; ¿cuántos ministros del despacho, presidente de los consejos, capitanes generales de las provincias y departamentos de marina, inspectores, virreyes, gobernadores, etc. no ha habido en España? No; antes al contrario, su viveza natural y dulzura de carácter y maneras, les abría el camino para ser bien admitidos en la sociedad, y adelantar en la carrera que abrazaban".[26]

Notas:

[1] Hasta 1700 fueron provistas mediante beneficio 31 plazas de oidor en las Audiencias de las Indias, la tercera parte en nativos de la jurisdicción correspondiente. CARLOS GARRIGA, “Sobre el gobierno de la justicia en Indias (siglos XVI-XVII)”, en Revista de Historia del Derecho Nº 34, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, Buenos Aires, 2006, pp. 154-156.
[2] A.G.N. VII, 25-9-218. Reales Cédulas (Manuscritos). Pieza Nº 2759, f.69.
[3] CARLOS GARRIGA, “Patrias criollas y plazas militares: sobre la América de Carlos IV” en EDUARDO MARTIRE (Coordinador), La América de Carlos IV. Cuadernos de investigaciones y documentos, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, Buenos Aires, 2006, vol I, pp. 72-76.
[4] A.G.N. VII, 25-9-218. Reales Cédulas (Manuscritos). Pieza Nº 2805, f.87.
[5] EDUARDO MARTIRE, 1808. La clave de la emancipación hispanoamericana (Ensayo histórico-jurídico), El Elefante Blanco, Buenos Aires, 2002, p. 66.
[6] JOSE M. MARILUZ URQUIJO, Origen de la burocracia rioplatense. La secretaría del virreinato, Cabargón, Buenos Aires, 1974, p. 30.
[7] Carta del gobernador interino del Tucumán Antonio de Arriaga a Carlos III, Córdoba del Tucumán, 6 de noviembre de 1777, cit. en CARLOS S.A. SEGRETI, Córdoba ciudad y provincia (siglos XVI-XX) según relatos de viajeros y otros testimonios, Centro de Estudios Históricos, Córdoba, 1998, pp. 157-158.
[8] GUILLERMO FLORIS MARGADANT S., “Protesta criolla contra privilegios de peninsulares en las Indias”, en Revista de la Facultad de Derecho de México, Universidad Nacional Autónoma de México, Nº 101-102, t. XXVI, Enero-junio 1976, pp. 362-366.
[9] LAURIO H. DESTEFANI, “Jacinto de Altolaguirre, primer gobernador criollo de las islas Malvinas (1781-1783)”, en Investigaciones y Ensayos Nº 14, Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, enero-junio 1973, p. 208.
[10] EDBERTO OSCAR ACEVEDO, Las intendencias altoperuanas en el Virreinato del Río de la Plata, Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 1992, p. 53.
[11] JOHN LYNCH, Administración colonial española 1782-1810. El sistema de intendencias en el Virreinato del Río de la Plata, Eudeba, Buenos Aires, 1967, p. 226-227.
[12] Carta de Nicolás del Campo, marqués de Loreto a Vicente Gálvez, Buenos Aires, 26 de septiembre de 1785, cit. por ACEVEDO, Las intendencias altoperuanas..., pp. 54-55.
[13] EDBERTO OSCAR ACEVEDO, Funcionamiento y quiebra del sistema virreinal, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2004, p. 43.
[14] MANUEL DE GUZMAN Y POLANCO, “Un quiteño en el virreynato del Río de la Plata. Ignacio Flores, presidente de la audiencia de Charcas”, en Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 1980, vol. LIII, pp.177-178.
[15] ABELARDO LEVAGGI, El virreinato rioplatense en las vistas fiscales de José Márquez de la Plata, Universidad del Museo Social Argentino, Buenos Aires, 1988, vol I, p. 277.
[16] Actas capitulares de Santiago del Estero, Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 1946, t. IV, p. 462.
[17] RICARDO ZORRAQUIN BECU, La organización política argentina en el período hispánico, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene, Buenos Aires, 1962, pp. 288-289.
[18] ANÓNIMO, Noticias sobre el Río de la Plata: Montevideo en el siglo XVIII , Historia 16, Madrid, 1988, p. 203.
[19] FELIX E. CONVERSO, “Españoles y americanos, agentes de un mercado regional”, en Anuario de Estudios Americanos, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Sevilla, 1990, p. 284.
[20] León Pedro José de Altolaguirre fue funcionario y comerciante. Nació en Buenos Aires el 28 de junio de 1752. En 1790 fue miembro de la Hermandad de la Caridad de Buenos Aires y en 1793 conciliario de la misma. En 1801 fue designado comandante general de los resguardos reunidos de rentas del Virreinato, dependencia que en esa época se halló desquiciada, envuelta en el mayor desorden y tan escasa de elementos que el contrabando se ejecutó de una manera descarada, hasta el extremo que en una ocasión a plena luz del mediodía un buque extranjero descargó mercaderías, en la ensenada de Barragán, mientras sus tripulantes rechazaban a balazos a los empleados que pretendieran impedirlo (ENRIQUE UDAONDO, Diccionario biográfico colonial argentino, Huarpes, Buenos Aires, 1945, p. 60).
[21] “Borrador del oficio que da cuenta del estado de cosas en América, así como el esfuerzo que se realiza en España para mandar hombres de la mayor probidad, cuidando que ningún criollo ocupe cargos en América, pues aspiran a la independencia”, Archivo Histórico Nacional, Madrid, cit. en Mayo documental, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 1963, t. VII, pp. 22-23.
[22] “Copia del oficio que critica el decreto del gobierno aparecido en la Gazeta el día 8 de agosto de 1809, relativo a la provisión de empleos para América”, ibídem, p. 24.
[23] FRANCISCO BRUNO DE RIVAROLA, Religión y fidelidad argentina (1809), Prólogo de JOSE MARIA MARILUZ URQUIJO, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, Buenos Aires, 1983, p. 152.
[24] DARDO PEREZ GUILHOU, “1809. La opinión pública peninsular y la Junta Central ante el problema americano”, en Tercer Congreso Internacional de Historia de América celebrado en Buenos Aires del 11 al 17 de octubre de 1960, Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 1961, t. II, p. 202.
[25] Ídem, p. 204.
[26] GUILLERMO MILLER, Memoria del General Miller escrita por John Miller, Emecé, Buenos Aires, 1997, pp. 31-32.

Deán Gregorio Funes.

Guillermo Miller.